Operación Manos Limpias en Rumania

Si hay un campo en el que Rumania ha tenido que hacer un esfuerzo en su camino hacia la UE ha sido en la lucha contra la corrupción. Desde hace dos años, el país, que ingresará el 1 de enero en la Unión, se ha visto envuelto en una especie de Operación Manos Limpias, quizás no tan extrema como la que vivió Italia en los noventa, pero sin duda impactante: un ex primer ministro, Adrian Nastase, 3 ministros, 8 miembros del Parlamento, 9 jueces y fiscales, 70 policías... han sido procesados o encarcelados en los últimos tiempos. Pese a ello, debido a la pequeña corrupción -pagar al médico por recibir una asistencia correcta en la seguridad social-, los ciudadanos tienen una imagen pésima de la situación en su propio país, que sigue teniendo una nota muy baja en el índice anual de Transparencia Internacional. Y son muchos los que ven el futuro con escepticismo.

La pequeña corrupción, la del sistema sanitario, es la que más afecta a la población

"Me detestan por dar libertad a los fiscales para investigar", dice la ministra de Justicia

La ministra de Justicia, Monica Macovei, la única independiente en el Gobierno de coalición de centroderecha elegido a finales de 2004, se ha convertido en el símbolo de ese combate. "Rumania se ha tomado en serio la labor de perseguir a políticos corruptos, gracias a la valiente e independiente ministra de Justicia", escribió The Economist. "Me encuentro bien siendo la única independiente del Gobierno", bromea en su despacho de Bucarest, Macovei, de 47 años, una antigua fiscal con una gran experiencia en instituciones de la sociedad civil.

Su sinceridad es poco habitual en el mundo de la política rumana -"Muchos me detestan por haber dado la libertad a los fiscales para investigar a quien sea. (...) Cada vez es más difícil aprobar medidas anticorrupción en el Parlamento", afirma- y ha demostrado con hechos que, caiga quien caiga, no será fácil detener sus reformas, que han recibido el aprobado por parte de la UE. Gran parte de los escándalos, que han afectado por igual a todos los partidos y al Gobierno actual y a los anteriores, están relacionados con las privatizaciones de los noventa.

"En 2005, cuando llegamos al poder, todo el mundo me pedía peces gordos y ahora me están exigiendo que me enfrente a la pequeña corrupción, que es la que afecta a la gente", agrega. "Los medios están creados: tenemos un fiscal especial, fondos, equipos... Lo que necesitamos ahora es no interferir, dejar que el sistema funcione", insiste la ministra. Tanto para la Comisión Europea como para la ONG Transparencia Internacional (TI), la clave no está ya en las medidas, sino en su aplicación.

"Ha habido reformas, pero la corrupción sigue siendo un problema", señala Matt Loftis, director de proyecto de Transparencia Internacional en Rumania. "Las leyes son buenas, están bien hechas, pero, por ahora, su grado de aplicación es insuficiente. Nada en la lucha contra la corrupción es irreversible, se puede volver atrás en cualquier progreso que se haya hecho", agrega Loftis, quien recuerda que el Parlamento bloqueó en septiembre la aprobación de una ley de incompatibilidades, que obligaría a 100.000 funcionarios a declarar el origen de sus bienes.

La UE ha constatado los avances, pero ha impuesto a Rumania (y a Bulgaria) cláusulas de salvaguardia: en caso de que no continúe con sus reformas para garantizar la independencia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción podría ver bloqueados una parte de los fondos. En 2004, la Comisión Europa relataba una situación desastrosa -"La corrupción sigue siendo un problema grave y muy extendido, que alcanza prácticamente todos los sectores de la sociedad"-, que ha cambiado mucho en dos años. "En general, la lucha contra la corrupción ha seguido avanzando. Las reformas encabezadas por el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Anticorrupción han de continuar con esfuerzos renovados de manera que los progresos se conviertan en irreversibles", escribe la Comisión en su último informe en el que insiste en que "la aplicación de las leyes actuales deberá ser más eficaz y sistemática". En el índice de percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos que cada año publica Transparencia Internacional, Rumania se sitúa en el puesto 84, el más bajo de la UE, y uno de los peores de Europa con una nota de 3,1 sobre 10 (España está en el 23 con 6,8). "Aunque hemos hecho progresos, la percepción del público sigue siendo de corrupción generalizada", señala un policía de la división de asuntos internos.

"La pequeña corrupción, como la que encontramos en el sistema sanitario, es la que más afecta a la población y la que da una percepción tan alta en los índices", dice el fiscal anticorrupción rumano, Daniel Marius Morar, que dirige una institución que fue creada con ayuda española y que, en muchos aspectos, es un calco de nuestra fiscalía anticorrupción.

"En el último año se han hecho progresos significativos, aunque la percepción no se ha modificado casi nada", insiste Morar, de 40 años, en una entrevista que tiene lugar el mismo día en que Nastase, primer ministro entre 2000 y 2004, comparece por primera vez ante los tribunales acusado de enriquecimiento ilícito, en un caso que se ha convertido en un símbolo de que se acabaron los intocables. La institución que dirige se ocupa sólo de los grandes casos.

"La UE nos va a ayudar a mantener la corrupción en un nivel razonable", asegura el fiscal Morar. "¿Ha ayudado el ingreso en la UE en los casos de Grecia, España o Italia? No nos engañemos, hay mucho trabajo que hacer", afirma por su parte el ex ministro de Finanzas y profesor de Economía Daniel Daianu. Mientras los grandes casos se siguen ramificando -el ex ministro de Economía, Codrut Seres, que dimitió a principios de mes, fue acusado la semana pasada de alta traición y espionaje económico, dentro de un escándalo cada vez más complejo que afecta a las grandes privatizaciones-, el número gratuito que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior para denunciar episodios de corrupción entre policías y funcionarios ha recogido en un año miles de quejas por parte de ciudadanos anónimos, que denuncian desde oposiciones amañadas hasta exigencia de sobornos en las fronteras. Es un combate en el que muchos frentes siguen abiertos.