Procesados tres responsables de una empresa por explotación laboral de inmigrantes

Trabajaban jornadas de hasta 11 horas. Eran obligados a pagar una penalización de 60 euros por día de ausencia, aunque fuese por enfermedad o incluso por sufrir un accidente en las propias instalaciones del taller que los empleaba. Si faltaban tres días seguidos, eran despedidos. Y el derecho de vacaciones no existía. Estas eran las condiciones en las que trabajaban 38 extranjeros en una nave de Carral (A Coruña). El empresario y dos directivos de Ferralla Lois están ahora en libertad con cargos, dos de ellos tras pagar cada uno una fianza de 3.000 euros.

Una denuncia de Comisiones Obreras (CC OO), que avaló posteriormente una decena de inmigrantes en sus declaraciones judiciales, permitió a policías de las brigadas de Extranjería de A Coruña y de Madrid, en colaboración con funcionarios de Inspección de Trabajo, desarticular las prácticas delictivas de esta empresa gallega, dedicada a la fabricación de productos metálicos. Es una de las más importantes del sector y emplea a unas 300 personas.

La operación policial, que comenzó el 9 de octubre, se saldó con la detención de tres responsables del taller, acusados de incurrir en un delito contra el derecho de los trabajadores, así como la de 11 inmigrantes africanos por carecer del permiso legal para residir en España.

El empresario, un vecino de Ordes de 42 años de edad y cuya identidad responde a las siglas de J.D.L., así como los responsables de Personal de Ferralla Lois, residentes en Ordes y Oleiros, no sólo imponían a los africanos que empleaban condiciones y penalizaciones laborales ilegales. A los sin papeles les exigían, como requisito imprescindible para poder trabajar, que presentasen copias de la documentación de compañeros extranjeros que ya habían regularizado su situación en el país con el fin de hacerles un contrato bajo una falsa identidad. Los responsables de la empresa nunca cumplieron sus promesas de tramitarles permisos legales de residencia y trabajo.

Un ciudadano de Malí y otro de Camerún, ambos en situación irregular, son acusados de un delito de usurpación de identidad por trabajar inscritos con la documentación de otras personas. Otros nueve africanos, del total de 38 extranjeros empleados en este taller del polígono de Os Capelos de Carral, también fueron detenidos por estancia irregular en España y se les abrió un expediente de expulsión del país. Con edades comprendidas entre los 48 y 24 años, proceden en su mayoría de Senegal. Dos son de Gambia y otro de Guinea Conakry.

Hablan los sin papeles

Comisiones Obreras se encarga de asesorar y defender a estos inmigrantes que se han atrevido, pese a no tener la documentación en regla, a denunciar las condiciones de explotación laboral que imponía esta empresa a sus empleados extranjeros, estuvieran o no en situación regular. "Es importante y significativo", reseña el representante del sindicato Santiago Huertas, porque normalmente los sin papeles sólo acuden a denunciar los abusos laborales cuando ya no tienen relación con la empresa, lo que impide a Inspección de Trabajo obtener pruebas y tomar cartas en el asunto. En este caso, los inspectores actuaron conjuntamente con agentes de las brigadas de Extranjería de A Coruña y de Madrid. Tras comprobar la situación irregular de 11 de los 38 extranjeros empleados en una de las naves que Ferralla Lois tiene en el polígono de Carral, fue el testimonio de los propios inmigrantes el que desencadenó, el pasado jueves, la detención y puesta a disposición judicial de los responsables de la empresa bajo la acusación de explotación laboral. Intimidaban a los africanos indocumentados, les inducían a presentar documentación ajena para ser contratados bajo la identidad de conciudadanos de su país, que sí tenían permiso legal de residencia y trabajo, y les multaba por no acudir a trabajar tras sufrir, por ejemplo, un accidente laboral en el propio taller. "Los empresarios se aprovechaban de que no tenían los papeles en regla para explotarlos laboralmente", explica Huertas. Los inmigrantes, según Comisiones, nunca eran enviados a la mutua de la empresa cuando sufrían algún accidente en el trabajo, sino que debían acudir a médicos de cabecera para que no constara como accidente laboral. Los responsables de la empresa eludieron responder a la llamada de este diario.