Anticorrupción presentará querella contra el alcalde de Santa Cruz por una compra de suelo

La Fiscalía Anticorrupción consultó ayer al Parlamento canario si Miguel Zerolo, alcalde por Coalición Canaria de Santa Cruz de Tenerife, es diputado. Este paso supone la recta final para la inminente presentación de la Fiscalía Anticorrupción de una querella, entre otros, contra este regidor ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dado su aforamiento. Tal querella supondrá la conclusión de una investigación que ha durado 17 meses, tras la concesión de sucesivas prórrogas, y que versa sobre si Zerolo favoreció ilegalmente un pelotazo de 120 millones de euros en Las Teresitas.

Presumiblemente, la querella de Anticorrupción se centrará en si Zerolo presuntamente cometió prevaricó con su doble actuación para facilitar el pelotazo:

En primer lugar, Zerolo formaba parta del comité ejecutivo que concedió entre el 24 y 26 de junio de 1998 un crédito de 30 millones de euros a la sociedad Inversiones Las Teresitas. De aquel órgano también formaba parte Ignacio González Martín, dueño de la empresa beneficiada por un crédito que el Banco de España juzgó de "alto riesgo".

Alto riesgo porque el préstamo se otorgó a una empresa que tenía como capital unos 180.000 euros, frente a los 30 millones concedidos bajo la sola garantía de las parcelas de Las Teresitas que pretendía comprar con tal suma.

Con el crédito, Inversiones Las Teresitas adquirió en esos días los terrenos de Las Teresitas. Y en 2001 revendió un tercio -el frente de playa- por 53 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife merced a un convenio suscrito con Zerolo. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 23 millones más por un tercio de lo que le había costado la totalidad de los terrenos a Inversiones Las Teresitas apenas tres años antes.

La denuncia ciudadana que ha servido para la querella en marcha apuntaba dos dudas sobre el papel de Zerolo como responsable máximo municipal impulsor de esta operación y del dinero público empleado. En primer lugar, la denuncia insinuaba que Zerolo debió expropiar a precio justificado y que, presuntamente, en virtud de la Ley de Costas, compró a "precio astronómico" un terreno parcialmente suyo, dado que era terreno público.

En segundo lugar, la denuncia sostenía que Zerolo no utilizó tasaciones sobre dichos terrenos emanadas de sus funcionarios, sino que acudió para valorarlos a una empresa privada. La misma que usó Cajacanarias para justificar el crédito que otorgó a la empresa que vendió los terrenos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Por ello, los denunciantes cuestionaban la imparcialidad de la tasadora y su valoración, que juzgaron inflada.

Si Anticorrupción tendrá que evaluar si se confirman tales apuntes de la denuncia: compra astronómica de suelo público y deliberada marginación de informes municipales.

Recalificación de terrenos

El favor otorgado presuntamente por el alcalde a Inversiones Las Teresitas no acabaría aquí: al margen de recomprar desde el Ayuntamiento el terreno que previamente ayudó a adquirir desde Cajacanarias, en el mismo convenio municipal que dio base a la operación recalificó el resto de terrenos que se quedó la promotora en la trasera del frente de playa. Y esto dio un pellizco extra: Inversiones Las Teresitas vendió el 90% de dichas parcelas por más de 96 millones de euros. Y aún se quedó un 10% del terreno, que le supondrían casi otros diez millones de euros.

En total, más de 120 millones de beneficio tras una inversión inmobiliaria 30 millones que habría sido imposible sin haber recibido igual suma en forma de crédito de alto riesgo. Para calibrar la importancia del crédito en esta operación basta con repasar las cuentas de Inversiones Las Teresitas en 2000, por ejemplo. Ese año, tuvo unos ingresos de 106 euros, frente a unas pérdidas de 106.766 euros.

Al año siguiente, el convenio le salvó la vida. El Ayuntamiento le pagó el 65% de los 8.750 millones en el mismo momento de la firma. Con ello canceló de inmediato todo el préstamo, y aun obtuvo beneficio para ampliar su operación. En 2005, su situación financiera era tan holgada que se permitió invertir en renta fija 41,5 millones de euros. Y valoraba su inmovilizado en casi diez millones de euros, pese a que era un 10% de lo que poseía en 1999 y que valoró en 35 millones.

Anticorrupción declinó ayer precisar ningún extremo sobre la querella en marcha.