Simancas dice que revisará el contrato de los hospitales

Al líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, no le gusta nada el nuevo sistema de financiación de los siete hospitales que construye el Gobierno regional. El motivo es, según señala, que conduce a la privatización y, por ello, anunció ayer que revisará los contratos con las empresas adjudicatarias. El sistema de financiación es simple. La Comunidad de Madrid cede el terreno a la empresa adjudicataria para que levante el hospital. La infraestructura será de la empresa y la Comunidad pagará un alquiler durante 30 años por utilizarlo. El personal sanitario pertenece a la Administración regional, pero los denominados servicios externos (limpieza, cocina, lavandería...) los asume la adjudicataria.

"Se están destinando recursos públicos para engrosar cuentas corrientes de privados", lo que, a su entender, supone "la confirmación del desmantelamiento de la red pública en beneficio de unos pocos". El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid advierte de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "ya ha comenzado el proceso de privatización de la sanidad madrileña" después de que abra las puertas de los hospitales públicos a la iniciativa privada.

Gestión pública

El objetivo del compromiso de Simancas es garantizar que los nuevos centros "tengan la dimensión y una cartera de servicios adecuada, y que sean de gestión pública para asegurar el acceso de todos independientemente de su capacidad de pago". El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) asegura que la Comunidad de Madrid gastará 3.750 millones por usar los nuevos hospitales, cuando el coste "sólo es de 640". Por el contrario, el gasto de los servicios no sanitarios restará 700 millones a las arcas regionales, "por lo que el resto, 2.000 millones de euros, son beneficio neto para la empresa privada a costa del dinero de todos los madrileños". Por todo ello, Simancas tiene claro que revisará los contratos con las constructoras de hospitales "desde el punto de vista legal y del interés general".

La Ley de Acompañamiento permite trasladar esta forma de gestión a los hospitales públicos existentes. A su entender, esto "supone el paso definitivo hacia la privatización de hecho del sistema de sanidad madrileño".

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