El Supremo deniega otra vez la revisión de la condena a muerte de Delgado y Granado

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo decidió ayer, por tres votos a dos, denegar la autorización para interponer recurso de revisión contra la sentencia que en 1963 condenó a muerte a los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granado por dos atentados cometidos en Madrid en 1963. La Sala de lo Militar se ha mostrado irreductible a permitir siquiera examinar los testimonios de otros dos anarquistas que en 1996 confesaron públicamente haber sido ellos los que cometieron los atentados. Los magistrados Ángel Juanes y José Luis Calvo formularán votos discrepantes a la decisión de la sala.

La decisión de denegar la autorización para recurrir en revisión la sentencia del consejo de guerra que condenó a Delgado y Granado se alcanzó, tras dos jornadas de deliberaciones, con los votos del presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón Cerezo, y los magistrados Agustín Corrales y Javier Juliani. Cuando esté redactada la resoluicón se pasará a los dos magistrados discrepantes, Ángel Juanes y José Luis Calvo Cabello, quienes argumentarán en sus votos particulares los motivos por los que consideran que se debió autorizar el recurso.

Después de dos días de deliberaciones, los magistrados de la mayoría no han considerado que los testimonios de los anarquistas Antonio Martín y Sergio Hernández, que se confesaron autores de la colocación de dos bombas en Madrid, ni del responsable de haberlo ordenado, Octavio Alberola, tengan base suficiente para autorizar la revisión.

La Sala de lo Militar ya rechazó en 1999 la revisión de la condena de Delgado y Granado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en 2004, ordenó al Supremo que practicara las pruebas solicitadas por los recurrentes.

Los hechos se remontan al 29 de julio de 1963, fecha en la que fueron colocadas las dos bombas en Madrid, una en la Dirección General de Seguridad y la otra en la Delegación de Sindicatos. Las explosiones no causaron víctimas mortales, aunque sí numerosos heridos.

Dos días después fueron detenidos Granado y Delgado. Tras un consejo de guerra sumarísimo que se vio en cuatro días, el 13 de agosto de 1963 fueron condenados a muerte por delitos de terrorismo. Cuatro días después, el 17 de agosto, fueron ejecutados a garrote. .

En 1996, en un programa de la televisión franco-alemana, Arte, los también anarquistas Antonio Martín y Sergio Hernández declararon ser los verdaderos autores de la colocación de las dos bombas en Madrid. La revelación dio pie a que la viuda de Granado, Pilar Vaquerizo, y el hermano de Delgado, Francisco, reclamaran al Supremo que anulara la sentencia y les declarase inocentes. En marzo de 1999, el Supremo rechazó la autorización para recurrir en revisión porque consideró los medios de prueba opuestos por los solicitantes "escasos y débiles, ya que por su carácter testifical, momento en el que se proponen y practican, y por la carencia de otros medios objetivos que les sirvan de suficiente apoyatura, no pueden considerarse indubitados".

Ante el Supremo había declarado Antonio Martín, quien aseguró que "no tenía medios objetivos para acreditar su participación directa y personal en la colocación de los explosivos". Este testimonio, unido a que Sergio Hernández no compareció a los dos llamamientos del Supremo, determinó la inadmisión del recurso al considerar que las pruebas testificales aportadas eran "escasas y débiles".

Pruebas pertinentes

Además, el Supremo subrayó que los familiares de Delgado y Granado habían pedido la revisión "transcurridos 35 años" de los hechos, cuando los delitos que confesaron Martín y Hernández estaban prescritos y sin que "pese al cambio producido en España desde 1975 y, especialmente a partir de la vigencia de la Constitución" hubiesen intentado antes la revisión.

Sin embargo, el Constitucional, en contra de la apreciación del Supremo sobre la "debilidad de las pruebas", estimó que las pruebas testificales eran "claramente pertinentes" por su relación con los hechos.

El pasado el 3 de abril, compareció ante el Supremo Octavio Alberola, uno de los responsables del organismo denominado Defensa Interior, que reconoció haber dado a Hernández y a Martín la orden de perpetrar los atentados por los que Granado y Delgado fueron ejecutados.

Pese a estas nuevas declaraciones y al correctivo del Constitucional, el Tribunal Supremo no se ha movido de su posición inicial. En los próximos días se hará público el texto de la resolución.