La fiscalía apoya la sexta demanda por despido de una profesora de religión

La fiscalía del Juzgado de lo Social de Gáldar (municipio al noroeste de la isla de Gran Canaria) solicitó ayer al juez que estime la sexta demanda presentada por Nereida del Pino Díaz Mederos contra la Consejería de Educación canaria y el Obispado por vulneración de sus derechos fundamentales y despido improcedente. El obispado no renovó a esta profesora para seguir dando sus clases de religión como cada año porque había acudido a una huelga legal, como se ha señalado en anteriores sentencias. Éste es el sexto juicio al que se enfrenta esta docente tras haber ganado los cinco anteriores.

Con dos licenciaturas en Geografía e Historia y Documentación, Nereida del Pino Díaz comenzó a dar clases de religión en 1998 en el instituto de San Nicolás de Tolentino, en Gran Canaria. En 1999 fue trasladada al Jinámar III, donde trabajó con normalidad hasta el comienzo del curso 2001-2002 cuando, al reincorporarse a su puesto vio que su plaza la ocupaba otro profesor, sin que, hasta el momento, ni el Gobierno de Canarias ni el Obispado le hayan comunicado las razones de dicha decisión.

La docente participó en las movilizaciones y huelgas que se produjeron en Gran Canaria en protesta por la situación laboral de los profesores de religión.

Las cinco sentencias anteriores favorables a la profesora confirman que se produjo un despido nulo, pero todas fueron recurridas por la Iglesia y la Administración educativa. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha elevado al Tribunal Constitucional una consulta por encontrar "cuestiones de inconstitucionalidad". Insisten en que el obispado prescindió de ella a causa de sus actividades sindicales.

La sesión de ayer fue "un calco" de lo ocurrido en los cinco juicios anteriores. La fiscalía solicitó al juez que estime "totalmente" la demanda laboral de despido por vulneración de derechos fundamentales. En ella se insiste en que, pese a su relación laboral indefinida y su reincorporación inmediata al comenzar el curso "se ha procedido una vez más a su despido", al encontrarse otro profesor en el puesto que le correspondía a Del Pino sin que se conozcan los porqués. La demanda considera que esta actuación es "arbitraria, injusta, contraria a derecho" y coloca a la víctima "en clara indefensión e inseguridad jurídica".

Un portavoz de la Consejería de Educación de Canarias insistió ayer en que la comunidad autónoma "se limita" a contratar a los docentes que escoge el obispado, "sin entrar a evaluar" los criterios de selección, tal y como permite la legislación.

Por su parte, el delegado de Enseñanza Religiosa en Las Palmas, Hipólito Cabrera, anunció: "Seguiremos recurriendo todas las sentencias hasta que haya un pronunciamiento del Constitucional". Cabrera defiende que "esta persona no cumple con los requisitos exigidos, ni tiene la titulación adecuada", que, según la Iglesia, consiste en una licenciatura, diplomatura en Teología y formación en psicopedagogía religiosa, o sea, la declaración de idoneidad. Requisitos que no siempre la Iglesia ha tenido en cuenta, según los sindicalistas de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), quienes aseguran que hay profesores de Religión dando clase incluso sin titulación. "En todo caso, no se puede aplicar con carácter retroactivo", critica el presidente de la FEPER, Rafael Ramírez. La Administración sólo exige que sean licenciados.