Un viaje útil
El viaje de Zapatero a Senegal, acompañado de una importante delegación en la que figuraban tres ministros y una secretaria de Estado, no ha reportado todos los frutos que cabía suponer, pero no por ello hay que concluir que la visita -la primera en dos décadas de un jefe de Gobierno español a un país del África subsahariana- haya sido inútil. Forma parte de la estrategia socialista de intentar combinar vigilancia y pragmatismo a cambio de ayuda al desarrollo para reducir el fuerte flujo de ilegales.
Era más o menos previsible que, a dos meses de las elecciones presidenciales y legislativas senegalesas, el presidente Abdulaye Wade se resistiera a suscribir un convenio de repatriación de sus conciudadanos que llegan irregularmente a España, debido a la fuerte crítica interna que suscitan acciones de este tipo, como se ha visto con los 5.000 devueltos casi clandestinamente por las autoridades españolas hasta septiembre. No hay que olvidar que las remesas de los senegaleses en el extranjero representan un 25% de los ingresos de un país en el que la pobreza afecta a un 44% de la población.
Ambas partes han constatado su acuerdo sobre los principios que deben guiar la política de migración: estrechar el control fronterizo, combatir las mafias, apoyar un flujo legal y ordenado y más asistencia económica. El Gobierno de Zapatero ha triplicado en dos años, hasta 450 millones de euros, la ayuda al desarrollo del África subsahariana y elevado de 5 a 35 millones de euros los fondos para Senegal. Este país es el primer receptor de fondos españoles y está considerado como prioritario en materia migratoria. La mitad de los cerca de 30.000 inmigrantes que han llegado a Canarias clandestinamente son senegaleses. Las relaciones bilaterales se han visto marcadas por encontronazos, sobre todo la pasada primavera, cuando la avalancha de cayucos a España llegó a su punto álgido. Las visitas de los ministros de Interior y Exteriores sirvieron para limar diferencias.
Habría sido un error que, sin la firma previa de un convenio de repatriación, Zapatero hubiese acordado con Wade, como éste quería, la fijación de antemano de un cupo de emigración legal (unos 4.000 en un plazo de dos años), tal como prometió el ministro Moratinos, quizás precipitadamente, en su visita a Dakar el pasado octubre. Ambos Gobiernos se han comprometido a lograr esa meta. Quizás lo más tangible haya sido la aceptación por parte de Senegal de prorrogar por otros seis meses el operativo de vigilancia en sus aguas de la agencia de fronteras europea, que, aunque modesto, ha servido para frenar algo el flujo clandestino.
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