Un error municipal permite la construcción de edificios en la masía de Can Fargas

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona tuvo que retirar ayer un punto del orden del día en el que se rechazaba el proyecto de urbanización de la masía de Can Fargas, en el barrio de Horta. El motivo es que, por un cadena de errores, el proyecto había sido aprobado tres días antes por silencio administrativo. No obstante los concejales aprobaron, con la sola abstención del PP, iniciar los trámites para expropiar la finca y destinarla a escuela pública de música, además de abrir los jardines al público. El plenario municipal dio el visto bueno también los presupuestos de Barcelona para 2007.

Can Fargas empieza a ser una patata caliente con la que no logra hacerse el Ayuntamiento. Los vecinos de la zona, organizados en una plataforma que defiende que la finca tiene que ser de uso público, llevan años batallando por ello, pero han visto cómo una y otra vez se perdían oportunidades. A finales de los noventa, la finca salió a la venta y el Ayuntamiento, por lo que fuera, no acudió a la cita. Una vez advertido del hecho, tampoco utilizó la posibilidad del retracto y cuando quiso comprarla ya era tarde. Sus propietarios habían decidido impulsar un plan de usos para intervenir en ella.

Cambio de fecha del pleno

El pleno municipal incluía ayer un punto del orden del día, el número 39, en el que se denegaba ese plan. Pero, una vez más, los hados se aliaron contra el Ayuntamiento. El plazo para que el plan de los propietarios quedara aprobado por silencio administrativo terminaba el día 21. El equipo de gobierno no se preocupó porque había puesto en marcha la elaboración de un plan de usos públicos que prevalece sobre el privado, de modo que su intención era aprobar ambas medidas en el pleno que se iba a celebrar el viernes 17 de noviembre, cuatro días antes de que venciera el plazo. Pero la fecha del pleno cambió y nadie reparó en el detalle del plan de Can Fargas, de modo que quedó aprobado el pasado 21.

La masía de Can Fargas es una de las históricas de Barcelona en un barrio en el que, recordó ayer la concejal del distrito, Elsa Blasco, evocando a un historiador local, en vez de fábricas ha tenido masías. La de Can Fargas tuvo tal extensión que hace apenas un siglo llegaba hasta el actual Hospital de Sant Pau. Su edificio ha ido creciendo en torno a una torre de defensa que se conserva y que data del siglo XI. Además, está rodeada de un jardín espléndido.

En 1998 fue adquirida por un particular. En aquel tiempo estaba habitada por Ofèlia Roselló, una anciana que la tenía en usufructo y que era cuñada del último heredero de la finca.

La plataforma Salvem Can Fargas se puso en marcha en cuanto conoció los hechos, pero el Ayuntamiento ha ido llegando tarde a todos los acuerdos. En los últimos meses, según explicó ayer la concejal de Urbanismo, Assumta Escarp, ha intentado alcanzar un acuerdo con la empresa propietaria, pero todos los esfuerzos han sido vanos.

La votación del único punto del día, el que abre paso a la expropiación (ya que el de la denegación tuvo que ser retirado) dio paso a un agrio debate entre el equipo de gobierno y la oposición. CiU, pese a todo, votó a favor porque, dijo Xavier Trias, la gente que ha batallado para que la finca sea pública sólo merece respeto y el voto favorable. No obstante, criticó con gran dureza la "incompetencia" del Ayuntamiento, que ha ido perdiendo todos y cada uno de los puntos que ha jugado en esta partida. Trias definió la actitud municipal con la palabra "desidia" y exigió la "dimisión" de los responsables, apuntando a que debían encontrarse, como poco, en los servicios jurídicos municipales que no percibieron el problema, sin descartar que la responsabilidad alcanzara también a otros cargos. El problema para las dimisiones es que la actual concejal del distrito, Elsa Blasco, no puede ser acusada de negligencia en ningún caso. Las responsabilidades alcanzarían a los dos últimos concejales, que fueron Albert Batlle, ya fuera del consistorio, e Imma Moraleda, en estos momentos concejal de Sants.

El Partido Popular fue el único grupo que no votó a favor del plan público que tiene que llevar a la expropiación de la finca. Lo hizo, explicó el concejal Jordi Cornet, "para no ser cómplice de una decisión que llevará aparejados serios problemas jurídicos", además de suponer un mayor coste en la expropiación para el Ayuntamiento, ya que, como poco, el plan aprobado por silencio administrativo encarecerá el justiprecio.

Escarp pidió a Cornet que, ya que no se adhería al voto afirmativo, al menos no vaticinara las catástrofes. Escarp sostuvo también que si el municipio no acudió al retracto en la primera de las operaciones de compraventa fue porque no fue informado al respecto.