La Comisión exigirá garantías para el medio ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente consideró que el anuncio de la Comisión supone un apoyo a su política del agua y a un trazado del Júcar-Vinalopó que a su juicio es "el mejor desde el punto de vista medioambiental, hidrológico, social y económico". La protección del medio ambiente ha pesado desde el principio en las decisiones de Bruselas sobre el trasvase. Cuando anunció en diciembre de 2003 que cofinanciaría el proyecto, la Comisión condicionó su apoyo al establecimiento de un caudal ecológico para el Júcar y agua suficiente para el parque de L'Albufera. Estas y otras exigencias medioambientales que especificará la Comisión al aprobar el proyecto se mantendrán para el nuevo trazado y la posterior gestión de la transferencia, siempre de recursos sobrantes.

Con la ayuda europea aprobada, el anterior Gobierno del PP dio por superados los obstáculos por las denuncias ecologistas e inició la obra mientras crecía el movimiento social contrario al trasvase. La Fundación Nueva Cultura del Agua y Xúquer Viu, entre otros, cuestionaron que el río pudiera ceder desde Cortes de Pallás hasta 80 hectómetros cúbicos anuales. La protesta llevó al Ejecutivo socialista a crear en agosto de 2004 una comisión de todos los afectados en la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la que el plan se revisó detalladamente. Ante la evidencia de que la toma de Cortes de Pallás no daría ni la mitad de los recursos previstos, el Gobierno eliminó como usuarios a las poblaciones costeras, que recibirán agua desalada, y aceptó estudiar el cambio de inicio del trasvase al Azud de la Marquesa, opción finalmente elegida.