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Reportaje:La crisis mexicana

Un país fracturado de norte a sur

Felipe Calderón llega a la presidencia con el 50% de los mexicanos en el umbral de la pobreza

Desde la frontera con el coloso del norte estadounidense hasta los confines del sur guatemalteco, por donde ingresan diariamente cientos de emigrantes centroamericanos en busca del sueño dorado, México es un país dividido no sólo geográficamente. Basta una mirada al mapa político que dibujaron las elecciones del pasado 2 de julio para comprobar el alcance de la fractura. El azul, color del Partido Acción Nacional (PAN), conservador, luce de manera homogénea en los Estados norteños, donde se concentran los principales polos de desarrollo. En el sur, tierra pobre y olvidada, predomina el amarillo, color del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda. El norte votó abrumadoramente por Felipe Calderón, ganador de las elecciones, mientras que el sur lo hizo por Andrés Manuel López Obrador.

La fractura geográfica, política y social de México será la herencia más pesada que recibirá el 1 de diciembre el presidente electo. Un claro ejemplo de esta división es que apenas 233.831 votos separan a los dos candidatos -Calderón y López Obrador- que obtuvieron mayor respaldo popular. Una diferencia escuálida para una nación de 106 millones de habitantes.

En los Estados del norte, llámense Tamaulipas, Baja California o Chihuahua, las organizaciones de narcotraficantes libran una guerra sin cuartel por el control de las rutas de distribución de drogas con destino a Estados Unidos. Unas 2.000 personas han sido asesinadas en lo que va de año en una espiral de violencia con crecientes aspectos de brutalidad y ensañamiento. Los cuerpos de seguridad, incluidos los de nueva creación bajo el Gobierno de Vicente Fox, muestran su incapacidad para enfrentar el poder del narcotráfico, cuando no su sometimiento a las reglas del crimen organizado.

Guerrero, Michoacán o Tijuana, por citar algunos ejemplos, son territorios sin ley, donde los criminales campan a sus anchas. Hay casos que ponen los pelos de punta. Seis policías que viajaban en una camioneta fueron acribillados esta semana en tierra michoacana. El vehículo presentaba más de 100 impactos de bala de grueso calibre. Ni rastro de los asesinos.

Más al sur, el Estado de Oaxaca vive desde el mes de junio una situación de ingobernabilidad, con un conglomerado de organizaciones políticas y sociales de izquierda, agrupadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se hizo con el control de la capital estatal.

Sectores radicalizados

Transcurrieron cinco meses hasta que el Gobierno mexicano decidió enviar un numeroso contingente de la Policía Federal para poner orden en Oaxaca. Lejos de proporcionar tranquilidad a la población, las tropas enviadas por Vicente Fox corren el riesgo de eternizarse en una ciudad sitiada. Mientras tanto, el gobernador Ulises Ruiz, del alicaído Partido Revolucionario Institucional (PRI), se resiste a abandonar el poder, a pesar de tener en contra a un amplio sector de la población.

Los últimos acontecimientos presagian un agravamiento del conflicto, que amenaza con extenderse a otros Estados. El estallido de varias bombas en la Ciudad de México ha sido el primer aviso de que los sectores más radicalizados están dispuestos a empuñar las armas. Las autoridades advierten de la presencia de grupos guerrilleros en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Ante este escenario de inestabilidad, con focos de rebelión, y el 50% de los mexicanos que no superan el umbral de la pobreza, Felipe Calderón llega a la presidencia con un adversario dispuesto a minarle el terreno. Su reciente propuesta de diálogo a los líderes de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, de López Obrador, ha recibido, de entrada, un sonoro rechazo. A 10 días de su investidura, el presidente electo no ha encontrado ningún interlocutor en las filas opositores. Tampoco parece haber logrado el respaldo unánime de su propio partido. Y el presidente saliente, Vicente Fox, está más preocupado desde hace tiempo en su futuro lejos de la residencia de Los Pinos. Por acción u omisión, quien está llamado a gobernar dentro de 10 días no ha conseguido el protagonismo que merece o, en todo caso, no se lo ha arrebatado a quien desde la calle está dispuesto a entorpecer la acción del próximo Gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de noviembre de 2006