El personal de los juzgados se resiste a aceptar la oferta salarial de Justicia

Las ejecutivas de CC OO, ELA y LAB no fijarán hasta hoy su postura sobre la última oferta realizada por el Gobierno vasco para poner fin a la huelga iniciada hace un mes por los empleados de los juzgados en demanda de su equiparación laboral con los funcionarios autonómicos. Pero ya tienen sobre la mesa la negativa de algunos de sus afiliados a darle el visto bueno en el referéndum del miércoles. Aunque el conflicto se resolviera esta misma semana, costaría entre seis y nueve meses recobrar la normalidad en la actividad judicial.

Doce jornadas de huelga a lo largo de un mes han alterado gravemente el funcionamiento de la mayoría de los juzgados de Euskadi. Y sus consecuencias van a extenderse bastante más, en forma de juicios suspendidos, procedimientos aplazados y diligencias demoradas. Los sindicatos estiman que recuperar la actividad va a costar un mínimo de seis meses, si el conflicto termina esta misma semana; según los colegios de abogados, los efectos van a prolongarse durante nueve meses. Unos y otros coinciden en que las principales "víctimas" son los "justiciables" y también en que la huelga va a suponer un coste económico adicional en multitud de pruebas y gestiones anuladas que hay que repetir.

A pesar de reconocer un avance en la última propuesta del Gobierno, presentada el viernes, los sindicatos no están seguros de que las asambleas vayan a aprobar el documento y, por lo tanto, se vaya a desconvocar la huelga en el referéndum previsto para el miércoles. Frente al 12% de incremento salarial que piden los trabajadores, el departamento ofrece un 6,5%, un punto más que en su primera propuesta. Pero lo más grave, a su juicio, es que el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, no reconozca de forma explícita la equiparación salarial; que haya dado marcha atrás sobre este derecho que había sido reconocido por anteriores responsables del departamento, de su mismo partido, EA.

El equipo de su antecesor, Sabin Intxaurraga, fue el que desarrolló las nuevas competencias en materia de personal fijadas en un Real Decreto de 1999, que zanjó una larga pugna entre las dos administraciones sobre esta materia. Ese año, el entonces viceconsejero de Justicia, Abel Muniategui, asumió la equiparación como el final de un proceso que ya había empezado: "Mientras se llegue a la equiparación total (...), pueden darse fricciones de otra índole con los agentes sociales", dijo. Este camino, sin embargo, había comenzado antes, en 1997, cuando el entonces consejero de Justicia, Ramón Jáuregui (PSE), firmó ese compromiso con los sindicatos tras varios meses de huelga. El acuerdo fue recurrido en 1998 por el Gobierno central y quedó desbloqueado precisamente con el Real Decreto de 1999.

El sindicato mayoritario, CC OO (38% de la representación), no ve del todo claro que sus trabajadores vayan a aceptar la propuesta del Gobierno. Tampoco los afiliados de ELA (15%, al igual que LAB) ven con buenos ojos la oferta, y la segunda central CSIF (26%) ya ha anunciado que no se sentirá vinculado por el resultado del referéndum. Pero, de momento, sólo son voces.Los paros continúan mañana y el miércoles a la espera de la consulta. De no aceptarse la oferta del Gobierno, se agravaría la situación en los juzgados y el conflicto podría empantanarse, ya que el Ejecutivo ha dicho que es su última palabra.