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Un arzobispo llama a la desobediencia contra Educación para la Ciudadanía

Reyes Rincón

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, llamó ayer a la "objeción de conciencia" y la "desobediencia civil" contra la asignatura de educación para la ciudadanía si el Gobierno no modifica los contenidos de esta materia. A juicio de Martínez, la nueva asignatura constituye una "verdadera invasión en un derecho fundamental de los padres" y la prueba de que la libertad en el proceso educativo "está terriblemente amenazada en la sociedad española". "Si ese derecho no pudiera salvaguardarse adecuadamente, estarían justificadas la objeción de conciencia y la desobediencia civil", advirtió el prelado.

Martínez, quien se ha especializado en los últimos meses en adoptar decisiones cuando menos polémicas que han dividido a la Iglesia granadina, hizo ayer estas declaraciones durante su participación en el Congreso Nacional de Enseñanza Privada de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que se ha celebrado en Granada. El prelado intervino con una conferencia titulada La educación imposible: El reto y la belleza de educar en nuestro contexto cultural. "Cuando en la vida se tiene la misión de educar no se puede renunciar a ella", señaló el arzobispo, para quien la asignatura de educación para la ciudadanía, tal y como hoy está diseñada, "invade" la libertad de los padres de elegir lo que enseñan a sus hijos.

La asignatura de educación para la ciudadanía, que será obligatoria y evaluable y empezará a impartirse en el próximo curso, incluye entre sus contenidos la crítica a los prejuicios "homófobos y sexistas", explica que existen familias formadas por parejas de hecho, matrimonios gays o monoparentales y rechaza la discriminación "por razón de la orientación afectivo-sexual". Desde que el Gobierno dio a conocer los primeros borradores, las organizaciones educativas católicas mostraron su rechazo. El arzobispo de Granada les dio ayer la razón y les invitó a rebelarse contra su implantación, algo que ya habían insinuado en las últimas semanas otros dirigentes eclesiásticos. El pasado viernes, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, aseguró que no iba a ser necesario pedirle a los padres que practicaran la objeción de conciencia, "ya que ellos tienen todo el derecho a oponerse a que sus hijos estudien algo que va en contra de sus convecciones morales o religiosas".

Para el Gobierno, la incitación a la desobediencia civil de una ley aprobada en el Parlamento es "un hecho grave", según señaló ayer, en declaraciones a Efe, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana. "No entendemos que se rechace ese tipo de educación", añadió Tiana, quien recordó que la ley responde a una "recomendación europea" de reforzar la formación ciudadana de los jóvenes en las escuelas, como ya se hace en otros países de la UE.

Según el secretario general, para el Ministerio de Educación es un "error importante" no apoyar una educación "basada en valores cívicos comunes" que constituyen la base de la ciudadanía democrática y del respeto a los derechos humanos. Desde Educación, además, se considera una "irresponsabilidad" que determinados sectores de la Iglesia estén acusando al Gobierno de "adoctrinamiento". "No pueden poner ni un ejemplo que los apoye y, además, están despreciando la opinión unánime de las comunidades autónomas", afirmó Tiana.

El secretario general de Educación se refirió también a la concentración que celebró ayer en la Plaza Mayor de Madrid el colectivo estudiantil Novilladas.org para protestar contra la nueva asignatura, una convocatoria que, según Tiana, estuvo "repleta de falsedades". La concentración, a la que se adhirieron el Foro de la Familia y la Conferencia Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumno (CODAPA), reunió a alrededor de un centenar de personas, que portaron pancartas con lemas como "Sí, sí, sí, me salgo del redil" o "Si te quieres educar, no te dejes manipular por ZP".

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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