El Gobierno británico indemnizará a seis reclusos forzados a desintoxicarse

El Ministerio del Interior británico acordó ayer indemnizar a seis reclusos o ex reclusos que le habían llevado a los tribunales por obligarles a desintoxicarse de heroína retirándoles de forma súbita el suministro de metadona. Los seis forman parte de un primer grupo de reclamantes sobre un total de 198 denuncias. El acuerdo se alcanzó ayer, poco antes de que la justicia se pronunciara sobre el caso, para evitar una sentencia contraria al Gobierno.

Los reclusos apoyaban su demanda en la legislación europea sobre derechos humanos y en su derecho a recibir la misma atención sanitaria que los demás ciudadanos. Las denuncias, que en algunos casos se remontan a los primeros años noventa, afectan a casi 200 reclusos o ex reclusos repartidos por numerosas prisiones de Inglaterra y Gales. Antes de ingresar en prisión, la gran mayoría estaba siendo tratada con metadona, un sustitutivo farmacéutico utilizado en los tratamientos de desintoxicación de heroína y otros opiáceos. Sin embargo, al ingresar en prisión o una vez que sus sentencias fueron firmes, el sistema de prisiones les sometió sin su consentimiento a un tratamiento drástico de desintoxicación. Sólo se les suministró metadona por un periodo muy corto y se les retiró de forma repentina, por lo que todos ellos sufrieron el llamado "mono" provocado por la repentina falta de droga o de su sustitutivo farmacológico.

El Ministerio del Interior aceptó ayer "a regañadientes" pactar con los denunciantes "para ahorrar dinero a los contribuyentes". El responsable de Interior del Partido Conservador, David Davis, calificó de "desastroso" el precedente sentado por el ministerio. Aunque ayer no se hicieron públicos los términos del acuerdo, medios británicos apuntaron que cada uno de los afectados recibirá una indemnización de 15.000 euros, que se hará extensiva a los 198 reclamantes.

Los denunciantes reclamaban que el Gobierno no les proporcionó la asistencia sanitaria a la que tenían derecho. Su abogado, Richard Hemer, resaltó durante la primera vista del caso que los problemas se daban tanto en las prisiones públicas como en las de gestión privada. El meollo del asunto estaba, en su opinión, en que fueron obligados a un tratamiento muy agresivo de su drogodependencia sin dar su consentimiento, por lo que sus derechos habían sido "conculcados".

El Gobierno ha sido acusado también de vulnerar los artículos 3 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíben la discriminación, tortura, castigos o tratamiento inhumano o degradante, así como el artículo 8, que garantiza el derecho de las personas a la vida privada.

En 2004, el Gobierno de Escocia fue condenado a indemnizar a un recluso que en 2001 había denunciado al sistema de prisiones porque en su celda no había inodoro y tenía que hacer sus necesidades en un orinal frente a otros reclusos. El juez aceptó que se vulneraron sus derechos al haber sido sometido a un tratamiento humillante, pero rebajó a la mitad las 5.000 libras (unos 7.500 euros) que pedía como indemnización.

Aunque el Gobierno británico se ha comprometido a destinar en este ejercicio unos 42 millones de euros a tratamientos de desintoxicación de los reclusos, la organización Drugscope afirma que el gasto real se reduce a unos 18 millones de euros al año y que ésa es la cifra prevista también para el próximo año fiscal.