La corrupción urbanística

El juez investiga si policías contra el blanqueo de dinero ocultaron cuatro meses el 'caso Ciempozuelos'

El ex alcalde Tejeiro representa a una empresa de la inmobiliaria investigada por soborno

El juez del caso Ciempozuelos, Agustín Carretero, ha citado a dos policías adscritos al Servicio de Prevención de Blanqueo de Dinero del Banco de España (Sepblac) para que le expliquen por qué se retuvo durante cuatro meses la información que envió la policía del Principado de Andorra sobre la supuesta corrupción que afecta a dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos. El juez dispone en el sumario de documentos que acreditan que Andorra envió información al Sepblac de esta corrupción en mayo de este año y que, pese a ello, la misma no fue remitida a la Fiscalía Anticorrupción hasta el 3 de octubre.

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El juez Carretero ha citado como testigo al máximo responsable del citado servicio policial del Banco de España y como imputado a un inspector jefe. El juez Carretero dispone de documentación según la cual la información remitida por Andorra -en concreto, el fax con el contrato de los 40 millones de euros supuestamente pactados entre el ex alcalde socialista Joaquín Tejeiro y la inmobiliaria Esprode- ha estado retenida en el Banco de España durante más de cuatro meses.

Además de a estos dos policías, el juez también ha citado a varias personas, para los días 16 y 17 próximos. Entre los citados se hallan la esposa y una hija del también ex alcalde de Ciempozuelos Pedro Torrejón, quien dimitió el pasado 17 de octubre tras saltar este escándalo, y los portavoces de los distintos grupos políticos que componen el Ayuntamiento de Ciempozuelos. Entre ellos, a la nueva alcaldesa de la localidad.

El juez investiga también una extraña operación: Esprode, la inmobiliaria que supuestamente se comprometía en un contrato a pagar 40 millones de euros por recalificaciones de terrenos en Ciempozuelos, es dueña del 50% de las acciones de Farmat & Consulting, la firma que en el citado contrato decía representar el ex alcalde socialista Joaquín Tejeiro. Es decir, que Esprode hace supuestamente un contrato y se obliga a pagarse comisiones a sí misma.

Fuentes de la investigación sostienen que esa maniobra pudo ser empleada para ocultar el dinero de las comisiones. Un portavoz de Esprode confirmó ayer que un 50% de Farmat & Consulting es propiedad de Esprode. Añadió que esta firma estaba prácticamente inactiva y sólo fue utilizada para comprar 12.000 metros cuadrados de suelo en el sector 1 de Ciempozuelos.

Esprode ha negado haber pagado comisiones y sostiene que el citado contrato de los 40 millones de euros fue una invención del ex alcalde socialista Tejeiro. En su declaración ante el juez, Tejeiro afirmó que ese contrato era "una tontería y una invención suya". En ese contrato se establece el pago de hasta 40 millones de euros a Farmat & Consulting por agilizar las recalificaciones en el sector 2 de Ciempozuelos. El contrato lo firman Tejeiro, que dice representar a Farmat & Consulting, y el presidente de Esprode, Javier Castillo. Castillo no sólo ha negado que esa sea su firma sino que, además, ha presentado una prueba pericial que indica que su firma está falsificada.

Contrato vía fax

El citado contrato fue enviado vía fax por Tejeiro al banco de Andorra Andbanc, en el que Tejeiro y el también ex alcalde Torrejón habían depositado casi un millón de euros en febrero pasado. Tejeiro envió el fax con el citado contrato porque el banco andorrano pidió a ambos ex regidores explicaciones sobre la procedencia de ese dinero. Como en el fax, que Tejeiro envió a Andorra desde la casa de Torrejón, se hablaba de comisiones, el banco puso los hechos en conocimiento de la policía. Y se destapó el escándalo.

La Fiscalía Anticorrupción está convencida de la veracidad del contenido de ese contrato. En su declaración ante el juez, Tejeiro señaló que todo se lo había "inventado", mientras que Javier Castillo, responsable de Esprode, subrayó que la firma que se le atribuía al pie del contrato no era la suya.

Anticorrupción ha encargado una prueba pericial sobre la firma de Castillo, ya que la aportada por Esprode es una pericia de parte. También tiene el convencimiento Anticorrupción de que los dos ex alcaldes ya han cobrado una parte (1.800.000 euros) de lo pactado con Esprode.

La comisión rogatoria enviada por una juez de Andorra, Cristina Bea Rebés, a su colega de Valdemoro, Agustín Carretero, señala que los dos ex alcaldes comentaron en Andorra que en mayo de 2006 iban a recibir 1,8 millones de euros en concepto de comisiones. Las cuentas de Andorra, en la entidad Andbanc, las abrieron a nombre de sus esposas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 07 de noviembre de 2006.

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