Suiza devuelve fondos robados por los tiranos

La juez de Zúrich Cornelia Cova acaba de bloquear 30 millones de dólares (unos 24 millones de euros) del ex jefe de los servicios secretos peruanos Vladimiro Montesinos. Las autoridades de Berna también han intervenido recientemente fondos del ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier y del congoleño Mobutu Sese Seko. Suiza está acelerando el largo y complejo proceso, iniciado hace 10 años, para bloquear las cuentas de los tiranos y restituir los fondos a los países de donde fueron robados. Hasta el momento han sido devueltos 1.546 millones de dólares (1.230 millones de euros) y se mantienen bloqueados otros 1.600 millones. El caso más sonado fue la entrega a Nigeria, en 2005, de más de 700 millones de dólares del ex dictador Sani Abacha.

Los "días de vino y rosas" parecen haber tocado a su fin para las fortunas de los dictadores y políticos cleptócratas, al menos en Suiza. Los fundamentos legales de esta política se basan en una ley federal de abril de 1998 sobre el blanqueo de dinero, que obliga a banqueros e intermediarios financieros a conocer a los "verdaderos beneficiarios" de las cuentas y a señalar toda actividad sospechosa a las autoridades.

En julio de 2003 se mejoraron las herramientas legales con una nueva ordenanza de la Comisión Federal de Bancos que obliga a los banqueros a "establecer reglas que permitan determinar qué clientes y operaciones representan un riesgo". Esta medida afecta en particular a los políticos en el poder.

Por ejemplo, el dinero depositado por el dictador nigeriano Abacha en bancos de Suiza, calificado "de origen manifiestamente criminal", pudo ser recuperado por Nigeria el año pasado gracias a un acuerdo con el Banco Mundial para su posterior utilización en proyectos de desarrollo de infraestructuras, salud pública y educación. El clan de los Abacha habría desviado fondos del Estado por valor de más de 2.200 millones de dólares hacia el extranjero entre 1993 y 1998. En Suiza se ingresó una tercera parte, 700 millones, de los que hasta hoy sólo permanecen bloqueados siete millones esperando la orden judicial de restitución.

En la lista de cuentas investigadas por las autoridades suizas figuran personalidades como la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, o quienes fueron presidentes de Zaire (hoy República Democrática del Congo), Mobutu Sese Seko, y de Haití, Jean-Claude Duvalier, y de los presidentes que siguen ejerciendo el poder, Nursultán Nasarbáyev, de Kazajistán, o José Eduardo dos Santos, de Angola.

De las cuentas del jefe de los servicios secretos peruanos Montesinos -que se apropió de fondos públicos bajo la presidencia de Alberto Fujimori-, Suiza ya había devuelto con anterioridad 77 millones de dólares a las autoridades de Lima.

Otra restitución sonada en Suiza fue la de los 683 millones de dólares (sumando intereses) devueltos a Filipinas desde las cuentas en Zúrich, Friburgo y Ginebra del ex presidente filipino Fernando Marcos.

'Operación de limpieza'

Varios analistas políticos consideran que Suiza está realizando una segunda operación de limpieza tras la concesión, en 1995, de 1.236 millones de euros a los herederos de víctimas judías del nazismo que poseían cuentas en bancos suizos. Esa suma fue acordada por la banca para evitar largos y costosos procesos judiciales.

"No puede decirse que Suiza esté realizando un segundo lavado de imagen, dado que la situación actual viene de un proceso iniciado en 1986 con la devolución del dinero de Marcos a Filipinas y el posterior bloqueo de fondos a gente como Mobutu o Bhuto", precisa Paul Seger, consejero jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo y jefe de la Dirección de Derecho Internacional. "En un momento dado, las autoridades suizas se dieron cuenta de que esta situación no beneficiaba en nada al prestigio del país y de su sistema financiero, y se decidió comenzar a ayudar a los Estados a recuperar sus bienes", asegura Seger.

"No está justificado poner en tela de juicio el prestigio de la plaza financiera suiza por unas sumas que, comparativamente, son insignificantes respecto al volumen total de operaciones de la banca helvética", puntualiza Roberto Balzaretti, asesor de la ministra de Asuntos Exteriores. La apertura de cuentas bancarias en Suiza está regida ahora por una nueva regulación que implica "efectuar una especie de strip-tease financiero", según Balzaretti.

Secreto bancario

Las autoridades suizas se esfuerzan en recordar que "el secreto bancario puede ser levantado por cualquier delito tipificado en el Código Penal, siempre que haya una orden judicial firme y a petición de las autoridades del país afectado". De todas formas, "sin una condena judicial en firme por parte del país afectado, no se pueden restituir los fondos".

Según los países afectados, los procedimientos judiciales para la restitución de los fondos "son complejos, pesados y poco transparentes". En teoría, el proceso consta de tres partes bien diferenciadas. La primera es la demanda formal de colaboración judicial por parte de un Estado afectado a las autoridades suizas. Si se considera que hay base legal suficiente, las autoridades federales bloquean las cuentas y transmiten la información obtenida al país demandante. Una vez juzgado el caso y con una sentencia firme, los suizos "confiscan" las cuentas y las transmiten al país afectado.

Ahí comienza uno de los principales problemas del proceso, dado que a menudo, "muchos de esos países sufren de un colapso absoluto de sus instituciones, lo que impide la transparencia", en palabras de Balzaretti. Suiza no dispone de medios de coacción en caso de que los países afectados no utilicen los fondos restituidos para los objetivos de desarrollo pactados, pero aun así está obligada a restituirlos.

"Hay dos consideraciones a hacer en este caso", explica Paul Seger. "Una es de orden moral, y es que el dinero debe ser restituido a sus legítimos propietarios, y la otra es que la utilización de estos fondos se haga de forma clara y transparente para que el dinero no vuelva a Suiza dos semanas más tarde". Seger es el promotor de un seminario celebrado los pasados días 2 y 3 en la ciudad de Lausana, en el marco de la Convención de la ONU de 2003 contra la corrupción, en el que se puso de relieve la voluntad de Suiza de adoptar una nueva política de transparencia bancaria.