El Gobierno revisará la discriminación de las lesbianas con bebés 'in vitro'

El Gobierno revisará la Ley de Reproducción Asistida para "dar una solución razonable" a la discriminación de los matrimonios de lesbianas que se someten a una inseminación artificial. Según la Ley, reformada un año después de la norma que permite las bodas gays, la madre no biológica del recién nacido tiene que recurrir a la adopción si quiere figurar en el Registro Civil como madre del bebé. Eso no ocurre en el caso de las parejas heterosexuales que utilizan esa misma técnica médica. Con un consentimiento expreso del marido basta.

Ésa es la discriminación que tratará de corregir el Gobierno según confirmaron ayer los ministerios de Justicia y Sanidad. Una portavoz de este último señaló que toda ley que se aprueba "necesita un tiempo para detectar cuáles son los fallos que se pueden producir una vez que la norma echa a andar".

"Estoy agradecida a la juez. Facilitará las cosas a otras parejas", dice Antonia

La búsqueda de una solución se produce a raíz del caso de Antonia Meléndez y María Ángeles Zucilla, el primer matrimonio de lesbianas que consigue que el Estado reconozca a ambas como madres sin pasar por el proceso de adopción (véase EL PAÍS de ayer). Gracias a una juez del juzgado número 4 de Algeciras, Antonia, la madre no biológica aparece en el Libro de Familia de la niña nacida hace unas semanas como la segunda progenitora.

"La juez no me puso ninguna pega, entendió que nuestra hija había nacido dentro del matrimonio y le estoy muy agradecida", afirmó ayer Antonia, que subrayó la importancia del caso para facilitar las cosas al colectivo de gays y lesbianas. Pese a todo, la fiscalía de Cádiz anunció ayer que recurrirá la decisión de la juez si ésta no rectifica.

Tras conocerse la historia de Antonia y María Ángeles, las asociaciones de Gays y Lesbianas señalaron su alegría por este espaldarazo a sus demandas y reclamaron una reforma de la ley, que en su artículo 6, referido a las filiaciones de los bebés nacidos por fecundación asistida, dispone que "si la mujer estuviera casada se precisará, además el consentimiento del marido". Es la existencia de la palabra marido la que obliga a las madres no biológicas a iniciar los trámites de adopción.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, entendió ayer que la juez ha interpretado la ley de forma muy acertada, de acuerdo con la Constitución. "A partir de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, las consecuencias tienen que ser las mismas para todos. Centrarse en que la ley habla sólo de marido es una interpretación leguleyesca de la norma y puede dar lugar a un recurso de amparo por una vulneración de los derechos fundamentales", explicó ayer Pérez Royo, informa Mónica C. Belaza.

Otra experta, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, María Luisa Balaguer, se refirió también al error de agarrarse a la palabra marido para interpretar la ley. "Lo lógico en este caso es entender que donde pone marido se debe entender cónyuge. El Derecho está para solucionar problemas, no para obstruir", concluye.

Algunos de los matrimonios que responden a casos similares a los de las dos mujeres de Algeciras se alegraron ayer de la decisión de la juez. Ana Ruiz y Elena Romero, ambas de 40 años, han adoptado a sus dos mellizos concebidos por inseminación artificial. Para ello han tenido que demostrar que tenían nómina, contrato y que se encontraban bien psicológicamente, entre otros requisitos. "Lo peor no fueron esos trámites sino la sensación de incertidumbre cuando pensaba en la posibilidad de que a mí me pasara algo antes de la adopción, Elena no tendría derechos sobre los niños. No estaría registrada como madre en ningún sitio", explica Ana. "Por eso nos parece genial lo que ha hecho la juez. Tiene un par de narices", comenta.

De la misma opinión es Gema Gómez, de 35 años, que en estos momentos está inmersa en un proceso de adopción múltiple. Tanto su mujer como ella se inseminaron. Ahora, cada una de ellas trata de adoptar al niño concebido por la otra. "Los trámites son tediosos y largos. No tienen sentido porque tratan de evaluar a una familia que ya está formada desde hace tiempo. Por eso me parece muy bien lo que ha ocurrido en el caso de Antonia y María Ángeles", señala Gema.