Cuentas políticas

Como viene sucediendo casi siempre cuando el Gobierno no cuenta con mayoría absoluta, los principales partidos nacionalistas, CiU y PNV, respaldarán el proyecto de Presupuestos Generales del Estado tras amagar con no hacerlo y negociar contrapartidas. Ambas formaciones habían presentado enmiendas a la totalidad, y ambas las retiraron horas antes de ser votadas ayer. Las vicisitudes que han conducido a ese desenlace son un reflejo del deslizamiento de la política de alianzas del PSOE desde la inicial asociación prioritaria con ERC e IU hasta la búsqueda de acuerdos de futuro con los partidos de Artur Mas y Josu Jon Imaz.

Lo más interesante es el acuerdo entre Duran i Lleida, portavoz de CiU, y el vicepresidente Solbes sobre las inversiones del Estado en Cataluña. El nacionalismo catalán de todos los colores sostiene que los Presupuestos presentados no respetan el compromiso (introducido como disposición adicional en el nuevo Estatuto) de que las inversiones en infraestructuras en Cataluña no sean inferiores a la aportación de esa comunidad a la riqueza nacional. Esa aportación es actualmente del 18,8%. La discusión ha sido metodológica: en torno a la forma de decidir sobre qué cantidad global ha de calcularse ese porcentaje. Prueba de que se trata de una cuestión en sí misma discutible es que las cifras resultantes de los cálculos realizados por el Gobierno central, la Generalitat, la Cambra de Comerç de Barcelona y ERC, entre otros, difieren notablemente.

Duran propuso y Solbes aceptó que la fijación de la metodología se establezca por mutuo acuerdo entre el Gobierno de Zapatero y el que salga de las elecciones catalanas del 1-N. Un prodigio de sutileza, pues por una parte supone dar por hecho que CiU gobernará a partir de noviembre, pero, por otra, el acuerdo se aplaza hasta después de las elecciones para evitar una imagen de excesivo compromiso con los socialistas, sus principales rivales en las urnas. Y para el Gobierno de Zapatero es también una oportunidad de garantizarse un aliado seguro en el futuro sin agraviar a un PSC en plena campaña electoral.

El acuerdo con el PNV tiene que ver con inversiones, como ya ocurrió el año pasado, aunque ahora también con el cupo (cantidad aportada a la financiación del Estado por las competencias no asumidas: Ejército, servicio exterior, etcétera). El compromiso consiste en no modificar el criterio aplicado hasta ahora para fijar ese cupo; es decir, en aplazar una vez más la revisión que muchos técnicos aconsejan por considerar que el actual resulta muy beneficioso para el País Vasco y discriminatorio para otras comunidades con similar nivel de renta.

ERC, de nuevo marginada a la hora del acuerdo decisivo, anunció que mantenía su veto a los presupuestos, y el otro ex aliado preferente, IU, su abstención. Pero con la condición, aprobada internamente, de votar a favor si existía peligro de que los presupuestos fueran rechazados; lo que indica cierta artificiosidad en su postura.