El Gobierno salva los Presupuestos con el apoyo final de CiU y PNV

CiU depuso sus armas antes de comer: anunció que retiraba la enmienda a la totalidad y entregó al Gobierno sus 10 abstenciones que salvaban los Presupuestos Generales del Estado. Por la tarde, el PNV fue más lejos: retiró su enmienda y anunció el voto contra las de PP, ERC y EA, que pedían la devolución al Gobierno. Tras el aparente suspense de los últimos días, la votación fue similar a la del año pasado: 152 votos a favor de la devolución, frente a 177 y 16 abstenciones. El líder del PP, Mariano Rajoy, confesó en la tribuna: "Las cosas no van mal, pero podrían ir mucho mejor".

El PP cumplió con su obligación parlamentaria de oponerse a los Presupuestos, pero, a diferencia del año pasado, cuando Rajoy pronosticó todo tipo de desastres inmediatos, incluso la posible desaparición del Ministerio de Economía y Hacienda, en esta ocasión las prevenciones quedaron diferidas más a largo plazo: "Tenemos problemas graves", dijo, "que pueden poner en peligro la economía española en el futuro".

El reto del Gobierno era conseguir que alguno de los grupos nacionalistas desistiera de su oposición a los Presupuestos, y para conseguirlo escenificó un cambio en las parejas de baile respecto a 2005. El año pasado CiU apoyó las enmiendas a la totalidad, que se votan de forma conjunta, y en esta ocasión se abstuvo. ERC pidió ayer la devolución de los Presupuestos y el año anterior los apoyó. Y, por fin Izquierda Unida-ICV se abstuvo, mientras que en la anterior ocasión respaldó al Ejecutivo.

La fotografía final de la votación situó ayer a los grupos de izquierda de la cámara (ERC, IU-ICV, EA) frente al Ejecutivo. En octubre de 2005, los republicanos catalanes junto a IU-ICV le prestaron su voto.

Joan Herrera en nombre de IU-ICV advirtió ayer sobre lo que denominó "el viaje al centro" del Gobierno y se explayó en explicar que tal corrimiento produce "mayorías exiguas" que la ciudadanía rechaza, como se verá, dijo, en las elecciones catalanas del próximo día 1 de noviembre.

Cataluña y su Estatuto dominaron buena parte del debate. Gobierno, CiU, ERC e IU-ICV manejaron la disposición adicional tercera, que fija el nivel de inversión que el Estado se compromete a destinar a Cataluña, para enzarzarse en discutir su cumplimiento a través de los Presupuestos.

Precisamente ese punto, que se aventuraba como el más espinoso del día, propició el allanamiento del camino para que los Presupuestos salieran adelante. A cambio de un compromiso vago del vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, CiU accedió a retirar su veto a las cuentas del Estado para el año próximo.

Solbes aceptó la propuesta del portavoz nacionalista, Josep Antoni Duran Lleida, de dirimir el conflicto sobre qué inversión debe acometer el Estado en Cataluña mediante una comisión bilateral. Ese órgano, ya previsto en el Estatut, será competente para decidir, a partir de 2008 y durante seis años, si la inversión prevista es la adecuada según los criterios de las dos partes, la Generalitat catalana y el Gobierno central.

Compensaciones catalanas

A su vez, una segunda comisión mixta analizará el grado de ejecución de las inversiones en Cataluña. En caso de que el saldo resulte desfavorable para la Generalitat se compensará a Cataluña (y en caso de que sea el Estado el agraviado ocurrirá a la inversa, apuntó Solbes). "No nos cabe otra decisión que ser coherentes, solemnizar ese acuerdo y, en consecuencia, decirle que vamos a retirar nuestra enmienda a la totalidad", concluyó Duran.

Solbes agradeció el gesto, un tanto sorprendente respecto a lo comprometido, máxime cuando CiU no sabe aún si estará al frente de la Generalitat después del 1 de noviembre y, por tanto, si corresponderá a esta formación o al propio PSC negociar con el Gobierno central cómo invertir en Cataluña.

José Montilla colgó por una horas el uniforme de candidato a la presidencia de a Generalitat y acudió al Congreso para votar y para decir en rueda de prensa que el acuerdo sale "gratis total porque se ha pactado, simplemente, cumplir el Estatuto".

El Estatuto y su disposición adicional arrastraron incluso a Rajoy para acusar al Gobierno de incumplir lo establecido en la norma catalana. Lo planteó como pregunta, pero acabó por hacer suyas las acusaciones nacionalistas: "¿Para qué organizaron todo aquel embrollo?". "¿Para qué, si a la primera de cambio pensaban ponérselo por montera?".

Solbes dedicó una hora a defender sus presupuestos y dibujó un panorama sólido para la economía española. Las cuentas públicas, en su opinión, permitirán mejoras sociales sin dilapidar el superávit. Diego López Garrido (PSOE) acusó a Rajoy de mentir sobre alguno de los datos que manejó.