La alianza entre Moscú y Berlín bloquea una política energética común en la UE

Los acuerdos entre Rusia y Alemania están dinamitando los esfuerzos para desarrollar una política energética común de la Unión Europea. Durante las últimas semanas, el Gobierno de Moscú ha decidido suspender las licencias de explotación de varios proyectos energéticos en Rusia (Sajalín 2, Chtokman, Khariaga y Lukoil) que perjudican a varias empresas de determinados países occidentales (Reino Unido, Holanda, Francia y Estados Unidos), mientras que refuerza sus acuerdos con varias empresas alemanas (E.ON Ruhrgas, Basf y Deutsche Bank).

La división europea en materia energética se ha agudizado por la aparición de nuevos estudios que pronostican serios problemas de abastecimiento, especialmente de gas, en los próximos años. Ante este panorama, la presidencia finlandesa ha propuesto debatir en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se celebrará en Lahti, la conveniencia de establecer un sistema que garantice los suministros de gas. A diferencia del petróleo, que los Estados miembros tienen la obligación de mantener unas reservas mínimas equivalentes a 90 días de consumo, no hay obligación de mantener almacenamientos de gas.

La presidencia ha sugerido que la cumbre de Lahti "puede ser una ocasión para analizar de nuevo la cuestión de cómo mejorar la transparencia y efectividad de las reservas de petróleo así como también examinar la posibilidad de establecer reglas más estrictas relativas a la seguridad del suministro de gas", según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El objetivo es aumentar "la capacidad de la Unión colectivamente para resistir las interrupciones de suministro". La posibilidad de establecer un sistema común de reservas de gas ha tropezado con la oposición de Alemania, argumentando que no se pueden establecer este tipo de obligaciones a empresas privadas, según una fuente comunitaria.

Tras el alarde de su creciente poder económico -sólo Gazprom vale 237.000 millones de dólares (188.000 millones de euros), tras multiplicar su valor por 25 en pocos años-, en la pasada reunión del G 8, en San Petersburgo el pasado julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha pasado a la acción. En las últimas semanas Moscú ha tomado al menos cuatro decisiones que ponen al descubierto su deseo de ejercer un dominio absoluto sobre la explotación y gestión de sus propios recursos energéticos, especialmente el gas y el petróleo.

Señal de alerta

La primera señal de alerta saltó el pasado septiembre cuando el Ministerio de Recursos Naturales decidió retirar la licencia de explotación del proyecto Sajalin 2 - en el extremo oriental de Rusia, frente a las costas japonesas-, por motivos medioambientales. El proyecto, con una inversión de 22.000 millones de dólares (17.500 millones de euros), no tenía participación soviética y está liderado por el consorcio británico-holandés Royal Dutch-Shell (55%) y cuenta como socios con Mitsui (25%) y Mitsubishi (20%).

Después se produjo la exclusión de la francesa Total y de otras tres compañías occidentales del proyecto Chtokman, que tenía previsto inicialmente construir una planta para licuar gas en el mar de Barens para venderlo a EE UU. Las autoridades rusas han cambiado de idea y ahora proyectan en su lugar un nuevo gasoducto con destino a Europa.

El grupo francés Total también podría perder el año próximo la licencia de explotación del yacimiento petrolífero de Khariaga, según indicaron las autoridades rusas. El último gesto ha sido la amenaza de retirar 11 licencias de Lukoil, participada en un 20% por la estadounidense Conoco Phillips.

La revisión de estos acuerdos de producción compartida (PSA) ya había sido advertida por Olga Rybak, vicedirectora del Departamento de Política de Inversión del Ministerio de Industria y Energía en una entrevista en Energy of Industrial Growth. Rybak señaló que muchos de estos acuerdos de los años noventa "se realizaron únicamente con un decreto del presidente. Sus condiciones perjudican los intereses rusos en muchos aspectos".

Por el contrario, Moscú y Berlín han estrechado sus lazos con importantes acuerdos. El más importante fue la constitución el pasado diciembre de la Compañía del Gasoducto del Norte de Europa, participado en un 51% por Gazprom y el resto a partes iguales por las firmas alemanas Basf y E.ON, y que preside el anterior canciller alemán Gerhard Schröder. El que será el mayor gasoducto de Europa bombeará 27.500 metros cúbicos de gas anuales desde 2010, entre el puerto ruso de Viborg (San Petersburgo) y el alemán de Greifswald, por el fondo del mar Báltico. Tendrá 1.200 kilómetros de longitud y un coste estimado de 4.597 millones de euros.