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La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que entró en vigor en enero de 2003 otorgó a los ayuntamientos andaluces un plazo de cuatro años para que adaptaran sus planeamientos a la nueva normativa. El proceso acumula notables retrasos y, a falta de tres meses para que expire este periodo, sólo 40 de los 770 municipios tienen aprobado definitivamente sus nuevos ordenamientos.
Las 10 cajas catalanas tienen como fecha límite el próximo 4 de noviembre para adaptar sus estatutos a la nueva normativa legal. Las entidades de ahorros están convocando a toda prisa a sus máximos órganos de gobierno para someter a votación los nuevos estatutos, que prevén alargar los actuales mandatos y la posibilidad de que la presidencia pueda ser un cargo retribuido.
Uno de cada cinco embarazos terminó el año pasado en la región en los quirófanos de las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Más de 17.000 madrileñas, una cifra que no deja de crecer desde hace 15 años, decidieron abortar y colocaron a la Comunidad de Madrid, sólo por debajo de Asturias y Baleares, a la cabeza de España entre las comunidades cuyas mujeres menos gestaciones deciden completar.
La inseguridad ciudadana y la vivienda son los mayores problemas a los que se enfrentan los valencianos en su cotidianeidad. Una encuesta realizada por el Instituto Opina para EL PAÍS los días 2 y 3 de octubre, indica que un 21,6% de los valencianos creen que el problema que más les afecta es la inseguridad ciudadana, seguido del problema de la vivienda.
Euskadi es la comunidad autónoma con la relación entre la deuda pública y PIB (Producto Interior Bruto) más baja, según los datos del Banco de España, que contabiliza sólo el endeudamiento del Gobierno vasco. Su ratio es de un 2% frente al 6% de media.
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