Euskadi es la comunidad autónoma con menor deuda pública en relación a su PIB

Euskadi es la comunidad autónoma con la relación entre la deuda pública y PIB (Producto Interior Bruto) más baja, según los datos del Banco de España, que contabiliza sólo el endeudamiento del Gobierno vasco. Su ratio es de un 2% frente al 6% de media. Le siguen Canarias y Murcia, con un 3%. La oposición considera que estos datos no reflejan la realidad de la comunidad autónoma. El PSE-EE cree que existe un endeudamiento excesivo y no utilizado por el Ejecutivo, y el PP estima que los datos no reflejan la situación global de todas las administraciones vascas.

La semana pasada, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, aseguró en unas jornadas que el ratio de deuda pública sobre el PIB recogido en el estudio del Banco de España es la mejor muestra del dinamismo de la economía vasca. Zenarruzabeitia, que apostó por la innovación, afirmó que Euskadi se encuentra en la mejor situación al "presentar unas cuentas públicas saneadas y equilibradas, que no se centren sólo en el presente sino que diseñen también el futuro". La salud financiera de la economía vasca está también avalada, según el Gobierno, por las mejores agencias internacionales evaluadoras de la deuda.

Anton Damborenea, responsable de temas económicos del PP en el Parlamento vasco, sostiene con rotundidad que el dato que reduce la deuda pública al 2% del PIB es "falso". Aunque la cifra de endeudamiento ofrecida el mes pasado por el Banco de España se refiere a las "comunidades autónomas", sólo incluye los datos de los gobiernos autonómicos y sus entes y sociedades públicas. Damborenea aduce que, dada la singularidad de la estructura institucional del País Vasco, con unas diputaciones forales de gran peso y un sistema de financiación propio derivado del Concierto Económico, no es correcto circunscribir la deuda de la comunidad autónoma a la del Gobierno vasco, a diferencia de lo que puede resultar aceptable en otras autonomías.

El Departamento de Hacienda del Ejecutivo precisa que en el estudio de endeudamiento del Banco de España las diputaciones forales están incluidas en la estadística de "Corporaciones Locales", donde figuran también los grandes ayuntamientos como el de Madrid, que por sí solo triplica la deuda conjunta de las tres diputaciones forales vascas.

Emisiones no utilizadas

El parlamentario del PP recurre al último informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el de 2004, para asegurar que el Gobierno no hace bien su contabilidad. Destaca Damborenea que el Tribunal reprocha al Ejecutivo que no incluya en su deuda su participación en organismos como el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB). Por otro lado, argumenta que está muy bien mantener unas cuentas saneadas y buscar la estabilidad presupuestaria, pero critica que este objetivo se alcance a costa de tener un sanidad o una educación cada vez en peores condiciones.

Desde el Partido Socialista, su responsable parlamentaria para temas económicos, Joana Madrigal, también acude al último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para reprochar al Gobierno que realice emisiones de deuda que cuesta dinero a los ciudadanos y luego no disponga de ella. "¿Para qué la quiere?", se pregunta.

La propia Madrigal avanza dos teorías. Por un lado, emite deuda "por si acaso" necesita más fondos en un momento, como un remanente. Por otra parte, considera que el Ejecutivo realiza emisiones "para ser solidario" con las diputaciones forales, que tienen un endeudamiento mucho más elevado.

Cree Madrigal que se endeuda inecesariamente para disponer de una coartada frente a las demandas de las diputaciones para revisar el actual reparto de los recursos del Concierto Económico, que aquéllas ven escorado a favor del Gobierno. Esta cuestión debe ser abordada en la pendiente renegociación de la Ley de Aportaciones quinquenal.

Madrigal habla directamente de "mala gestión" y asegura que el Gobierno debe al Parlamento desde hace ocho presupuestos las leyes de liquidación presupuestaria, que es, dice, la única vía de control real de las cuentas del Gobierno. El Tribunal de Cuentas también lanzó este reproche en su último informe. El Ejecutivo no ha remitido la información relativa a la liquidación de los presupuestos desde el año 1998. En su último informe, el tribunal admite que la Ley General Presupuestaria no prevé un plazo para el cumplimiento de su mandato de presentar mediante proyecto de ley la liquidación de los presupuestos, pero apunta que el Gobierno "no debe escudarse" en este vacío legal para no hacerlo "en el plazo más breve posible".

La finalidad de este mecanismo es que el Parlamento, como órgano que aprueba en su momento los presupuestos pueda conocer el grado de cumplimiento o desviación de las cuentas y la oposición esté en condiciones de controlar su ejecución.