Prodi pone contra las cuerdas la fusión de Austostrade y Abertis

El Gobierno italiano ha alzado un obstáculo casi insalvable ante el proyecto de fusión entre la española Abertis y Autostrade. En el proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado para 2007 se establece un nuevo sistema para el cálculo de las tarifas, mucho menos rentable para los concesionarios de autopistas, y se limita los derechos de voto de los constructores en las empresas concesionarias al 5%.

Fuentes cercanas a Autostrade, propiedad de la familia Benetton, se mostraban ayer pesimistas sobre el proyecto de fusión. El ministro de Infraestructuras, Antonio di Pietro, antiguo fiscal de la operación Manos Limpias, se opuso desde el principio a la unión de Abertis y Autostrade. Argumentaba que las concesiones de autopistas eran propiedad del Estado y no podían cambiar de manos, como ocurriría en caso de que Abertis y Autostrade formaran una nueva sociedad conjunta, New Abertis. La actitud proteccionista italiana fue criticada por la Comisión Europea, que amenazó con instruir un expediente de infracción.

Pero Di Pietro, respaldado por otros ministros del gabinete de Romano Prodi, apoyaba su oposición sobre un hecho indiscutible: los concesionarios italianos habían ganado muchísimo dinero en los últimos años, y, en proporción, habían invertido poco en mantenimiento y mejora de las autopistas. El propio Prodi declaró la semana pasada que Di Pietro tenía "razón en el fondo", y empezó a buscar un mecanismo para impedir la fusión y reformar el sistema de las autopistas que no pudiera ser bloqueado por las autoridades comunitarias.

Antonio di Pietro convenció a Prodi para que en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Estado se añadiera a última hora, cuando el texto estaba a punto de ser enviado al Parlamento, un artículo referido a las concesiones de autopistas. En el artículo se limitaba al 5% el derecho de voto de los constructores en las juntas de las concesionarias. Parecía una barrera pensada para obstaculizar la fusión Abertis-Autostrade, ya que en la sociedad resultante la constructora ACS, de Florentino Pérez, habría controlado el 12,5% del capital. Fuentes de Autostrade indicaron, sin embargo, que ese límite no constituía un problema irresoluble, ya que la norma hablaba de derechos de voto, no de capital. Habría bastado que ACS autolimitara al 5% sus votos.

En proporción al beneficio

El auténtico problema era el nuevo sistema de fijación de tarifas, que debería entrar en vigor en el plazo de un año. Hasta ahora, las tarifas (la cantidad que el concesionario paga al Estado) venían actualizándose de forma automática. Si la nueva ley entrara en vigor, las tarifas se actualizarían de forma proporcional a los beneficios de la sociedad concesionaria y estimando las inversiones en mantenimiento y mejora. Si el concesionario no realizara las inversiones previstas, se le detraería "en beneficio del usuario" (menores peajes) la cantidad no gastada.

Dentro de ese marco legal, Autostrade dejaría de valer el precio que había estimado Abertis para realizar la fusión y su rentabilidad sería mucho menos clara. Las acciones de las 23 concesionarias italianas cayeron ayer en Bolsa. Las dos mayores, Autostrade y Torino-Milano, bajaron un 3,5% y un 3,8% respectivamente. Y la patronal del sector, Aiscat, protestó contra lo que consideraba "una violación del Estado de derecho", porque "no se cambian las reglas del mercado por la vía del decreto". "La incertidumbre frenará a los inversores y no habrá dinero para mejorar la red", declaró Fabrizio Palenzona, presidente de la patronal de autopistas.

Por su parte, Bruselas advirtió que examinará también la nueva normativa por si viola la legislación comunitaria.