La Fiscalía pide a instituciones y educadores soluciones conjuntas contra el acoso escolar

La fiscal jefe del Tribunal Superior vasco, María Ángeles Montes, pidió ayer a educadores, padres e instituciones que estén alerta y busquen "soluciones conjuntas" para atajar el acoso escolar. Montes aprovechó el acto de inauguración del curso judicial en Euskadi para llamar la atención sobre unas conductas "verdaderamente graves" que, si no se cortan de raíz, "pueden desembocar en resultados extremadamente graves e indeseables". Las causas por siniestralidad laboral crecieron el año pasado un 60% y las abiertas por violencia conyugal, un 46%.

Montes, en una intervención larga y prolija en datos sobre la labor del ministerio público, volvió a mostrar las luces rojas en lo que se refiere a los delitos y su tipología. Si el año pasado puso el énfasis en advertir sobre "la lacra social" de la violencia de género -ayer abogó por una actuación judicial "contundente" para erradicarla, pero también por la educación en tolerancia y en igualdad-, esta vez alertó sobre la violencia en las aulas realizadas por jóvenes contra sus compañeros o profesores. Un "fenómeno nuevo", dijo, en el ámbito judicial.

El caso de Jokin, el joven de Hondarribia que se suicidó tras ser maltratado y perseguido por sus compañeros, parece haber marcado un antes y un después en la lucha contra el acoso escolar en Euskadi. La propia Montes se felicitó por que "conductas verdaderamente graves" que antes era calificadas de "chiquilladas pasajeras sin importancia", ahora acaben en los tribunales. Con todo, reconoció que todavía queda mucho camino por recorrer. En ese momento de su intervención, apeló a la comunidad escolar, a padres y madres y a las instituciones a no bajar la guardia y trabajar en común para buscar soluciones.

Violencia conyugal

La fiscal jefe no pasó por alto la violencia conyugal. Recordó que los cambios legislativos han posibilitado ordenar prisiones provisionales para maltratadores, agilizar los juicios y dotar de mayor protección a las víctimas, instrumentos legales que, sin embargo, no han servido para frenar la sangría. En lo que va de año son ya en total cerca de 70 en toda España, según datos de la fiscal, las muertes por actos de violencia de este tipo y unas 56 las mujeres fallecidas. Por todo ello abogó por realizar una "profundísima reflexión social" y por poner en valor la educación en valores de igualdad y tolerancia como antídoto. El objetivo: evitar un crecimiento como el de 2005, año en el que se incoaron en Euskadi 3.736 procedimientos por violencia de género frente a los 2.558 del año anterior.

Ante los miembros de la Sala de Gobierno, jueces y fiscales; el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga; el delegado del Gobierno, Paulino Luesma, y otras autoridades civiles y militares presentes en el salón noble del Palacio de Justicia de Bilbao, la fiscal Montes también se detuvo en la siniestralidad laboral, donde las causas por accidentes siguen creciendo (un 60%), aunque el número de muertes en los centros de trabajo descendiese en 2005 en un 40%, según sus cifras. Y lo hizo para desterrar la sensación de que reducir la siniestralidad sea "una batalla perdida".

La fiscal coordinadora en Euskadi en esta materia ya había advertido de la posibilidad de que estas cifras de siniestralidad no sean del todo reales. Y apuntó, como ayer recordó Montes, la sospecha de que cuando quien resulta lesionado es un trabajador inmigrante en situación administrativa irregular el caso se tape de una manera u otra. Pese a la cada vez mayor incorporación de inmigrantes al ámbito laboral, Montes mostró su extrañeza por que el servicio de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía "no ha verificado supuestos con víctimas extranjeras".

Fernando Ruiz Piñeiro, presidente del alto tribunal vasco, se marcó como objetivo para este curso y para 2007 mantener el nivel de respuesta de los tribunales de la comunidad autónoma a los casos que llegan a sus manos. En 2005, ingresaron en ellos 259.333 causas y se resolvieron 259.668, destacó

En el exterior del palacio, miembros del sindicato policial Erne protestaron por el "perjuicio económico de los ertzainas por la asistencia a juicios". A su lado, personal de la Administración de Justicia exigía la equiparación salarial.