Bush logra el apoyo del Congreso a la ley para juzgar a los presos de Guantánamo

El Senado de EE UU se disponía anoche a aprobar la ley de procesamiento de los sospechosos de terrorismo, siguiendo los pasos de la Cámara de Representantes. El Supremo anuló hace tres meses los tribunales militares creados por el Gobierno para juzgar a los detenidos en Guantánamo, y pidió un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso. El resultado es un texto que mejora las condiciones anteriores, pero que no da a los presos los derechos y garantías del sistema de justicia en EE UU. Una vez que se unifiquen las dos versiones -quizá hoy mismo-, el presidente Bush firmará la ley.

La ley permitirá reanudar los procesamientos -sólo diez, hasta el momento- en marcha, y abrir otros con los nuevos criterios a partir de enero. Aunque el Supremo podría definirse sobre la ley, es difícil que lo haga antes de junio. En síntesis, los detenidos tendrán asistencia legal y derechos que antes no tenían, pero no el de hábeas corpus que protege de los encarcelamientos injustos; se prohíbe la tortura, pero se deja a la discreción del presidente el uso de otras técnicas en los interrogatorios.

La ley se interpreta como una victoria para George W. Bush, que considera que es imprescindible para luchar contra el terrorismo, como dijo ayer en una reunión en el Capitolio con los republicanos: "Nuestra responsabilidad más importante es proteger a los norteamericanos de más atentados, y no podemos hacerlo sin las herramientas adecuadas". Este mensaje es el eje de su campaña de las legislativas de noviembre; el electorado, muy crítico con Irak, sigue siendo sensible a la amenaza terrorista -más después del desmantelamiento del intento de atentado en Londres, en agosto-, y es el único factor en el que los republicanos son más valorados que los demócratas. En la Cámara, el miércoles, 34 demócratas unieron sus votos a los de los republicanos, y aunque muchos criticaron la ley, igual que ocurrió en el Senado, no hicieron ningún intento de bloquearla, por miedo a ser acusados de debilidad ante el terrorismo.

Incluso en esta situación, el presidente de la Cámara, Dennis Hastert, no tuvo reparos a la hora de decir que los que no apoyaron la ley "votaron a favor de que los terroristas tengan más derechos", y redondeó así su brutal argumento: "Los mismos terroristas que planean dañar a norteamericanos inocentes serían mimados si siguiéramos el plan de los demócratas". Los contrarios quedaron en minoría, como el congresista Steve Israel: "El mensaje de la ley es que renunciamos a tener una posición moral superior; es una mala decisión para Estados Unidos y para la lucha contra el terrorismo".

"Tenemos que hacer lo posible para derrotar a los terroristas con todas las herramientas a nuestra disposición", dijo Hillary Clinton en el Senado, "pero algunos están aprovechando para obtener ventajas electorales".

Los puntos más importantes de la nueva ley son:

- La ley sigue manteniendo el ambiguo cajón de sastre de los "combatientes enemigos ilegales" para definir a los detenidos en Afganistán y otros lugares.

- Se excluye el derecho básico del hábeas corpus: un prisionero que crea haber sufrido una detención errónea no tendrá oportunidad de demostrarlo. Una enmienda del republicano moderado Arlen Specter para garantizarlo fue rechazada por 51 votos contra 48. "Esto nos hace retroceder 900 años", lamentó Specter. En palabras de John Cornyn, dar "derechos innecesariamente generosos a los terroristas", serviría para "distraer a los soldados en el campo de batalla y atarles las manos".

- Se suscribe en teoría la Convención de Ginebra y, a diferencia de lo que antes ocurría, se limitan las técnicas para interrogar, pero se concede al presidente un margen de maniobra para variar esos límites si lo cree necesario, "para proteger a EE UU de un atentado terrorista". No se detalla si ciertas técnicas son o no legales; el texto se remite a la ley del 30 de diciembre de 2005, que prohíbe toda clase de torturas.

- En los juicios quedan prohibidos los testimonios obtenidos con interrogatorios "crueles e inhumanos", pero se excluyen las declaraciones previas al 30 de diciembre de 2005. "Esta ley permite la tortura", denunció el senador John Kerry. "La única garantía que da de lo contrario es la palabra del presidente, y me gustaría decir que es suficiente, pero no lo es".

La polémica ley se ganó la crítica de los grupos de derechos humanos. La eliminación del hábeas corpus es lo que le parece más grave al grupo Human Rights Watch, que cree que la ley "socava el imperio de la ley y la capacidad de Estados Unidos de proteger a sus ciudadanos contra tratos injustos a manos de otros Gobiernos".

Por su parte, el diario The New York Times llamó ayer "irresponsable" al Congreso, acusó a los republicanos de aprobar a toda velocidad, por razones electorales, una ley "mala para las tropas, mala para el país e inútil para protegernos del terrorismo", y censuró a los demócratas por "traicionar sus principios para evitar propaganda electoral crítica".