Hungría despierta a la realidad

"No hay muchas opciones. No las hay, porque la hemos jodido. No un poco, sino mucho". El primer ministro de Hungría, Ferenc Gyurcsany, describía así el estado de las finanzas del país, en una reunión con sus compañeros de partido en mayo. Un déficit presupuestario que llegará al 10,1% del producto interior bruto a final de año indica que el Gobierno ha gastado con creces más de lo que ha recaudado, y que ha llegado el momento de emprender, tras cuatro años de populismo, medidas tan impopulares como la subida de impuestos, el aumento del precio de los servicios públicos, tasas sobre la Universidad y la sanidad.

Desde que Gyurcsany -un millonario de 45 años que hizo fortuna con las privatizaciones tras la caída del comunismo-,ganó en abril la reelección para la coalición socialista-liberal, los húngaros comenzaron a notar que la presión fiscal aumentaba, pese a las promesas de campaña. "Los precios de los alimentos, la electricidad, el gas, todo ha subido", dice Judit Móczár, de 46 años, que regenta una droguería con su marido, y tiene tres hijos, dos de ellos estudiantes universitarios, y dos nietos. Un aumento del IVA del 15% al 20%, un aumento de las cotizaciones sociales de dos puntos, un incremento del gas del 30% y de la electricidad del 8%, son los culpables.

"En todos los años electorales, el déficit presupuestario es mayor; sucedió en 1994, 1998, 2002 y 2006, porque los Gobiernos tratan de aumentar su popularidad", explica Tamas Mellar, profesor de Macroeconomía en la Universidad Técnica y Económica de Budapest. El problema, según Mellar, es que, pasados los comicios de 2002, ganados por la coalición socialista-liberal, el déficit no se redujo, como sucede normalmente, y se ha acumulado hasta el actual 10,1%, el más alto de la Unión Europea.

Durante el tiempo que estuvo al frente del Ejecutivo, Peter Medgyessy -a quien Gyurcsany sustituyó a mitad de mandato tras una crisis de Gobierno- aumentó los salarios de los empleados públicos, como profesores o médicos, las pensiones, y mantuvo bajos mediante ayudas los precios de gas, electricidad, y transporte, describe Iván Lipovecz, veterano periodista y economista, que afirma: "No era sostenible". Lipovecz cree que las medidas de austeridad impuestas por Gyurcsany son "inevitables". "Cualquiera que se quiera llamar a sí mismo primer ministro, incluido Viktor Orban [presidente del mayor partido de oposición, el conservador Fidesz], sabe que la economía húngara no puede seguir sin estas medidas".

Pero Mellar, presidente de la Oficina Central de Estadísticas de Hungría entre 1998 y 2003, durante el mandato de Orban, cree que el programa del actual primer ministro socialista es un "callejón sin salida", que sólo servirá a corto plazo para llenar las arcas públicas gracias a los impuestos. "A largo plazo no es sostenible, porque no es una base para el desarrollo", opina. "Tiene que haber algunas medidas, pero creo que hay otras maneras, con menos costes sociales". Propone apoyar a los pequeños y medianos empresarios, para aumentar el empleo en un país donde sólo trabajan 3,8 de los 10 millones de habitantes, con lo que entrarían más ingresos por impuestos y se desarrollaría la economía.

La opinión de Mellar es compartida, sobre todo, por los que se manifiestan desde el pasado domingo en la plaza del Parlamento de Budapest para exigir la dimisión de Gyurcsany por sus mentiras. "Jugaron con la gente y la plata, y perdieron mucha, pero no la suya, sino de la sociedad. Y ahora quieren que la sociedad pague otra vez", dice en un castellano aprendido en Chile Barnabas Kovacs, de 60 años, ex entrenador de esquí, y ahora empresario. "Se necesitan medidas, pero no chupar la sangre", opina Dori, jubilada de 61 años. "Todos sabemos que nos tenemos que apretar el cinturón, pero no da igual cómo".

Con un salario bruto mensual por persona de 168.200 forintos equivalentes a 608 euros (frente a los 1.623 euros en España), productos básicos como el pan a 0,75 euros, y una gran desigualdad entre ricos y pobres, no extraña que hasta dos tercios de la población, según un sondeo citado por Mellar, perciban que vivían mejor en el régimen comunista, antes de 1990. "Todos tenían un trabajo, aunque no se produjera de verdad, un sueldo mínimo, y los gastos estaban subvencionados por el Estado", explica Kovacs.

Tampoco la entrada en la UE es percibida como un factor positivo: la mayor competencia a la que se enfrentan las empresas, la huida de algunas compañías a países con menor nivel impositivo, y la pérdida de competitividad en agricultura, hacen que muchos tomen prevenciones al preguntarles por la entrada en la zona euro, prevista en principio para 2010, aunque se ha suspendido por la imposibilidad de cumplir los criterios de convergencia.