Prodi ordena destruir de inmediato todas las grabaciones de la red de espionaje

El Gobierno italiano ordenó ayer la destrucción inmediata de las decenas de miles de escuchas ilegales realizadas por una red delictiva que enlazaba Telecom, la principal empresa de telecomunicaciones, con el Sismi, el servicio de espionaje militar. La información acumulada por la banda, en la que participaban numerosos funcionarios, afectaba a más de 100.000 personas, entre ellas políticos, empresarios y famosos. Romano Prodi dijo querer impedir con la destrucción de documentos "un gigantesco chantaje en cadena" que habría tenido consecuencias impredecibles.

Aún no se conocían las dimensiones reales del caso, ni se sabía si existía algún cerebro oculto tras las 21 personas detenidas por el momento, ni cuál era el destino de una montaña de información potencialmente comprometedora para gran parte de la élite italiana. Pero el Gobierno consideró que ese archivo secreto constituía un material demasiado explosivo y que había que acabar con él de inmediato.

El Ministro del Interior, Giuliano Amato, anunció tras el Consejo de Ministros que las escuchas ilegales no serían ni siquiera incorporadas como prueba al sumario judicial del caso, ni podrían utilizarse en otros sumarios aunque contuvieran indicios de delitos graves cometidos por las personas espiadas. "Estos documentos son ilegales, la simple posesión de uno de ellos constituye delito y los consideramos, en ese sentido, como una droga", declaró Amato.

El Gobierno aprobó, con el consenso de la oposición de centroderecha, un decreto que, además de establecer la destrucción inmediata de los documentos en manos del poder Ejecutivo o de los jueces, fijaba sanciones para quien difundiera datos contenidos en los mismos. En el caso de la prensa escrita, la multa sería de 50 céntimos por ejemplar, lo que, en el caso de diarios como La Repubblica o el Corriere della Sera, supondría casi 300.000 euros a pagar por el editor. La multa mínima, en caso de medios de difusión muy escasa, sería de 20.000 euros. Para radio, televisión e Internet, la sanción oscilaría entre un mínimo de 50.000 y un máximo de un millón.

Al margen de esas multas administrativas, dijo Amato, "las personas afectadas podrán acudir a los tribunales civiles y penales para exigir las indemnizaciones correspondientes".

La rápida intervención gubernamental fue aplaudida desde prácticamente todos los sectores, con excepción de la extrema izquierda, para la cual el caso probaba "una vez más la complicidad entre los aparatos del Estado y la gran empresa capitalista". "La destrucción de todo ese material nos parece apropiada, pero no debe servir para enterrar el caso", declaró un portavoz de la oposición.

En general, Italia estaba conmocionada por un escándalo de dimensiones enormes y límites aún borrosos, con más interrogantes que respuestas. ¿Para qué había de servir toda esa información secreta? Piero Fassino, secretario general de los Demócratas de Izquierda, el principal partido de Italia, aventuró que el objetivo era "chantajear a todo el país".

Los principales afectados expresaron estupor y angustia. "Nos siguen, nos espían, pero aún no sabemos quién lo hace ni con qué finalidad; siento amargura", dijo Cesare Geronzi, presidente de Capitalia y uno de los banqueros italianos más influyentes. "Estoy asqueado", comentó el industrial y financiero Diego della Valle. Los hermanos Luciano y Gilberto Benetton explicaron que, por prudencia, no utilizaban casi nunca el teléfono móvil. El espionaje se extendía a futbolistas como Bobo Vieri, a un árbitro sancionado por corrupción como Massimo de Santis y hasta a la hija menor de Silvio Berlusconi.

Los tres principales acusados por el caso masivo de espionaje, Marco Mancini (número dos del servicio de espionaje militar), Giuliano Tavaroli (jefe de seguridad de Telecom) y Emanuele Cipriani (dueño de una agencia de detectives y cerebro financiero del grupo) empezaron ayer a prestar declaración ante el juez milanés que instruye el caso. Tavaroli aseguró que nunca había informado de sus actividades a Marco Tronchetti, presidente de Telecom. Según el abogado de Cipriani, los tres intentaron explicar al juez que "el asunto se había exagerado" y que sólo se había producido "un intercambio ocasional de datos" entre el espionaje militar y Telecom "por razones de amistad personal" entre los implicados.