El Gobierno ofrece pactos en inmigración y el PP le exige que admita "sus errores"

Las dificultades del PSOE y el PP para alcanzar cualquier pacto, aunque coincidan en el fondo, impidieron ayer un acercamiento sobre política de inmigración. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ofreció al PP un "gran pacto nacional", aunque le reprochó que proponga políticas que ya ha puesto en marcha el Gobierno. El PP, a través de su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, replicó que la oferta "llega un poco tarde", y que, antes de hablar de un pacto, "el Gobierno tendría que admitir el grave error de haber provocado un efecto llamada y tendría que devolver todas las competencias a Interior".

La vicepresidenta primera del Gobierno ofreció ayer un discurso ante un nutrido grupo de senadores y diputados socialistas para dar por comenzado el curso parlamentario. La importancia que el Ejecutivo le da al asunto de la inmigración, en el que ha dado un giro radical en los últimos días para endurecer su discurso, quedó en evidencia porque fue allí donde más se detuvo la vicepresidenta y con más atención escucharon los diputados.

De la Vega ofreció a Mariano Rajoy un "gran pacto nacional", pero lo hizo lanzándole una pulla: "Puesto que todas las medidas anunciadas por el señor Rajoy son medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha, confío en que estará dispuesto a suscribir un gran pacto nacional por la inmigración, a ello le invito". El PSOE ya ofreció en 2000 un pacto sobre inmigración al PP, que nunca aceptó.

En realidad, la vicepresidenta no opinó sobre la principal propuesta del PP, la de garantizar por ley que no habrá más regularizaciones, calificada de "ocurrencia" por José Blanco, secretario de Organización del PSOE. Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sí se mostró abierto a alguna modificación de la actual Ley de Extranjería, promovida por el PP y apoyada por el PSOE, siempre que "obedezca a un consenso". Además, dijo que el Gobierno "combina ayuda al desarrollo y, al mismo tiempo, lucha contra la criminalidad organizada". Al principio de agosto el Ejecutivo puso el énfasis en el primer discurso, y ahora se ha volcado en el segundo, más duro.

De la Vega también combinó ambos discursos y dijo que su partido debe "decir con orgullo que ha hecho una regularización que ha permitido que cerca de 600.000 inmigrantes tengan un contrato de trabajo", pero a la vez quiso dejar claro que el que entra de manera ilegal en España "tendrá que salir, tarde o temprano".

Esta oferta del Gobierno fue recibida con total escepticismo en el PP que interpretó que el Ejecutivo "pretende compartir ahora el coste de una avalancha de inmigrantes causada por su irresponsable política de inmigración". Replicó a la oferta del Ejecutivo su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana: "Lo primero que tienen que hacer es reconocer su error, ponerse de acuerdo entre ellos, poner orden en su propia casa, tener un mismo discurso y, en la medida de lo posible, atender las propuestas que nosotros hacemos que, lógicamente, dicen que son razonables".

El portavoz del PP en el Congreso recordó que Rajoy reclamó el lunes la prohibición por ley de nuevas regularizaciones masivas, "que son las responsables del efecto llamada", y devolver todas las competencias al Ministerio del Interior. Según Rajoy, el hecho de que Jesús Caldera, ministro de Trabajo, sea el responsable de la Inmigración es "una parte importante" del problema. Zaplana mantiene que, antes de ofrecer ningún pacto, "el Gobierno deberá admitir el elevado coste que está teniendo para España la frivolidad de ofrecer papeles para todos".

El número dos del PP, Ángel Acebes, echó un jarro de agua fría. Apostilló que desde que el Gobierno rompió el Pacto Antiterrorista su credibilidad es nula. "Si un Gobierno, un partido y un líder no son de fiar en lo máximo, en el pacto por la libertad, si es desleal en el pacto contra el terrorismo ¿cómo quieren que nos fiemos de él para cualquier pacto, para cualquier otro acuerdo?", zanjó Acebes.