"Nadie nos preparó para esto"

Un puñado de funcionarios, jueces, abogados de oficio e intérpretes trabaja en los juzgados de Arona (sur de Tenerife) más de 120 horas a la semana para tramitar miles de expedientes de subsaharianos. La plantilla, insuficiente a todas luces, hace meses que no recibe refuerzos ni ayuda psicológica. Dos magistradas que accedieron a hablar con EL PAÍS aseguran que les cuesta conciliar el sueño después de escuchar "cara a cara" las historias personales de los inmigrantes. "Nadie nos había preparado para esto", añadieron dos funcionarios que prefirieron no revelar su nombre.

El personal está exhausto. Mientras relatan sus maratonianas jornadas, las magistradas firman los 1.709 autos de internamiento de la última semana de guardia, 20 montañas de folios distribuidas a lo largo de la mesa de la sala de reuniones, tan larga y robusta como un cayuco. Cada montaña corresponde a los pasajeros de una barca y están tan bien ordenadas, una al lado de la otra, como si fueran las propias pateras que zarparon dos semanas antes desde Senegal.

"Hay jornadas que terminamos llorando como adolescentes", dice un funcionario

Arona tiene nueve juzgados cada uno con una plantilla de ocho funcionarios, un juez y un secretario. Las jornadas, maratonianas, comienzan a las nueve de la mañana. Las magistradas se preguntan cuánto tardará en crearse un juzgado específico (aunque sea de manera provisional) para atender a los inmigrantes; cuánto en contratarse más personal, cuándo acabarán las jornadas de 17 horas durante siete días y, en suma, cuándo y quién se acordará de estos jueces, forenses, secretarios, funcionarios, abogados de oficio e intérpretes.

Cuando un subsahariano que va a declarar en los juzgados de Arona escucha su nombre y cruza el umbral de la amplia sala donde va a ofrecer su testimonio, se encuentra con un despliegue de cinco mesas, cada una con un abogado, un intérprete y un funcionario. En Tenerife, la asistencia letrada del turno de oficio la cubren unos 200 abogados que se turnan para asistencias, por las que cobran 180 euros hasta siete personas y el doble si son más personas de esta cantidad, como cuando llega un cayuco con más de 100 inmigrantes o se amontonan los llegados en un mismo día (hay fines de semana con más de 1.000).

Aunque en la mayoría de ocasiones se ponen a disposición de ellos guantes y mascarillas, ni los letrados ni los intérpretes las suelen usar. Marlene Martín Pérez, presidenta de la comisión de turno de oficio en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, asegura que el colectivo no atiende a los inmigrantes con miedo a un posible contagio de enfermedades: "Son hombres muy fuertes. Además de sus circunstancias personales, han embarcado, han pasado entre 10 y 12 días en alta mar y los han visto varios médicos al llegar al puerto; no creemos que tengamos nada que temer".

El expediente de cada inmigrante contiene al menos cinco documentos distintos: solicitud de internamiento expedido por la Delegación del Gobierno, incoación del juez, declaración del interesado, auto de internamiento y notificación. El simple registro de un cayuco ocupa más de dos horas.

Lo primero es tratar de confirmar su nombre auténtico, el de sus padres, la fecha de nacimiento (muchos no la saben). Se les leen sus derechos, y comienzan las preguntas. "Vienen con la lección aprendida. No sólo recitan casi de memoria que son la única esperanza de su familia, sino que saben exactamente todo lo que les va a ocurrir", relata Martín. "Al principio, a pesar de que dependían de las mafias, se mostraban más sinceros, pero ahora es frecuente que todos los pasajeros del mismo cayuco nos cuenten la misma historia", aseguran las magistradas.

El cuestionario: si ha participado en el reclutamiento, en la contratación y en el pilotaje del cayuco ("para averiguar si está sometido a la presión o la amenaza de alguna organización"), cuánto pagó por el viaje, si tiene familia en España y medios para subsistir por sí mismo, si ha venido por motivos económicos o si su vida corre peligro en caso de repatriación (para detectar supuestos de asilo -sólo unos 150 de 22.000 lo han solicitado este año -).

El expediente final producto de su declaración se envía al juez, que acuerda su ingreso en un centro de retención durante los siguientes 40 días. También de forma automática, los letrados que defienden a los inmigrantes presentan un recurso contra esta decisión. La letrada reconoce los "problemas morales" a la hora de elegir qué es lo mejor para ellos en estas circunstancias, si soltar a 100 inmigrantes sin recursos en las calles de Tenerife nada más desembarcar o suministrarles techo, comida, abrigo, y un periodo relativamente corto de encierro para que se recuperen de su travesía, aunque sea acosta de su libertad.

Miles de expedientes dan para un volumen de anécdotas. Una vez uno de los inmigrantes declaró que venía con una promesa del Spoting de Gijón para jugar. Otra de las historias que más recuerdan los funcionarios es la de un joven que no paraba de repetir que tenía un padre en Barcelona. "Se metió la mano en sus partes y sacó una pelotita blanca del tamaño de un garbanzo que, tras minutos desenrollándola, se convirtió en un trozo de papel con un número de teléfono". Resultó que la historia era cierta. Los abogados contactaron con un pariente, que aseguró ser su padre, al que la familia había dado por muerto durante 15 años.

"Son tan buenos y nobles que, cuando los miras a los ojos y entiendes las historias familiares que hay detrás del hecho de haberse embarcado en un cayuco y estar de 10 a 12 días en alta mar, no puedes evitar que se te parta el alma, emocionarte e implicarte", confiesa Martín Pérez.

"Hay jornadas en que terminamos llorando como adolescentes, hechos polvo. Muchos no es que no sepan escribir, es que a lo mejor es la primera vez que cogen un bolígrafo y firman con un punto o una raya", añade un funcionario.

Muchos coinciden al señalar que desde que se atienden a miles de inmigrantes ha descendido el número de detenidos por otros delitos. Los sindicatos policiales aseguran que ya no hay vigilancia en el sur de la isla, pero las magistradas consultadas niegan este extremo. A las dos de la madrugada termina el último trámite del último cayuco del día. Muchos funcionarios tienen aún que conducir casi 100 kilómetros hasta sus hogares en otros lugares de la isla. Y, al día siguiente, otra vez Así durante siete días. Así desde enero pasado.