Diferencias de celo entre las comunidades autónomas

La ley antitabaco permite -aunque no obliga a ello- un desarrollo reglamentario por comunidades autónomas, al que por el momento sólo se han acogido Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Esto, unido a que las autonomías son las encargadas de velar por el cumplimiento de la ley estatal, a través de inspecciones de oficio o a instancia de los ciudadanos, y de imponer las sanciones, ha provocado que cada Gobierno autonómico haya decidido cumplir la norma de forma diferenciada.

Entre las comunidades más duras destaca la Junta de Andalucía, cuya consejera de Salud, María Jesús Montero, asegura que los locales "han tenido tiempo" para adaptarse a la normativa, y anuncia que se realizarán inspecciones ordinarias, "como en los centros de trabajo". La Generalitat de Cataluña realizará inspecciones desde hoy mismo, aunque admite la colocación de una cortina que aspire el aire en el espacio que debiera ocupar la puerta de acceso si por seguridad no se puede instalar. Si se encuentra nicotina por encima de los 0,7 microgramos por metro cúbico de aire, se abrirá expediente.

En el País Vasco, los hosteleros se resisten a la compartimentación estanca y el Gobierno autonómico les recuerda que la ley es clara y tajante: que el humo no debe traspasar la zona de fumadores, algo complicado si sólo se hace la división con mamparas. El Ejecutivo de Vitoria ha anunciado el desarrollo de algunos artículos de la ley e insta a los ayuntamientos a que sancionen, pero muchos se resisten.

Reticencias

A favor de moratorias y otras soluciones menos duras están comunidades como Valencia, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Las tres primeras están gobernadas por el PP; la última, por el PSOE.

Valencia se ha mostrado especialmente crítico. El decreto autonómico valenciano admite, por ejemplo, cortinas de aire, pero ya ha sido recurrido por el Gobierno Central. El consejero de Sanidad, Rafael Blasco, aseguró ayer que los hosteleros están ante una experiencia nueva que va a requerir "un periodo de rodaje". Dijo que las inspecciones se harán "escrupulosamente", pero de modo "flexible y con sentido común".

En Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre presentó antes del verano un borrador de desarrollo de la ley que está pendiente de dictamen en el Consejo de Estado y que podría ser aprobado "a finales de septiembre", según fuentes de la Consejería de Sanidad. Hasta entonces, las inspecciones serán "flexibles", aunque "no habrá una moratoria en la aplicación de la ley".