La ONU denuncia la impunidad de los asesinatos en Guatemala

"Guatemala es un buen país para cometer asesinatos". Con esta frase lapidaria, Philip Alston, relator especial de la ONU en materia de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, resumió sus impresiones tras una reciente visita oficial de cuatro días a Guatemala.

El funcionario internacional mostró su preocupación por la incapacidad del Estado para combatir el crimen y calificó de "impresionantes" las escasas posibilidades de que los asesinos sean capturados y juzgados. Las afirmaciones del relator de la ONU se corresponden con la realidad cotidiana de los guatemaltecos. Según las cifras oficiales, en este país de 13 millones de habitantes son asesinadas 5.000 personas al año. "Hay más muertes violentas ahora que durante la guerra civil que azotó a esta nación entre 1960 y 1996", comentó Alston. Como botón de muestra, el mismo día en que el relator de la ONU daba por terminada su misión en Guatemala, un oficial de la policía, Jorge Macario Mazariegos, subdirector de la elitista División de Investigación Criminal, fue capturado mientras conducía un coche robado; será acusado de 15 asesinatos, la mayoría de ellos cometidos en la jurisdicción de la comisaría a su cargo.

400 mujeres asesinadas

El aparato de justicia no anda mucho mejor, con jueces atemorizados o corruptos y mafias de abogados especialistas en recursos que alargan los procesos hasta anular la acción punitiva del Estado. De acuerdo con la diputada del Congreso (legislativo, unicameral) Nineth Montenegro, sólo 12 presuntos asesinos de las más de 400 mujeres asesinadas entre enero y julio de 2006 han sido detenidos. Y es dudoso que la fiscalía logre aportar las pruebas necesarias para su juicio y condena.

Este contexto de impunidad se traduce en que el Estado pierde presencia no sólo en comunidades aisladas, sino en cada vez más barrios periféricos e incluso centrales de la misma capital guatemalteca. Su mayor expresión son las pandillas juveniles denominadas maras (de marabunta, hormigas amazónicas que atacan en enjambre, como las abejas asesinas), que imponen su ley a sangre y fuego, hasta el punto de cobrar extorsiones a simples ciudadanos, que tienen que pagar para entrar o salir de su vecindario.

Como reacción, crecen también los grupos de vecinos que se han organizado en asociaciones de autodefensa para vigilar sus calles, mientras que otros han caído en la tentación de pagar a matones a sueldo para que asesinen a los pandilleros que los mantienen aterrorizados. Se estima que, en lo que va de 2006, entre 350 y 400 pandilleros han muerto a manos de esta suerte de escuadrones de la muerte, en los que participa la policía.

Otra manifestación igualmente brutal son los linchamientos, fundamentalmente en las áreas rurales, en particular en aquellas donde la feroz represión contrainsurgente dio lugar a las más de 600 masacres documentadas de la guerra sucia y que permanecen impunes. Este año, nueve personas han muerto de esa forma.