El coste ascendería a 2,7 millones al año en Cataluña

La ley catalana de Apoyo a las Familias, aprobada por el Parlamento autonómico en 2003, establece que la Generalitat "tiene que constituir" un fondo de garantía para cubrir el impago de las pensiones alimentarias para los hijos y de las compensatorias para el ex cónyuge. Tres años después, el fondo aún no se ha creado, pese a que uno de sus promotores fue Esquerra Republicana, que durante casi dos años dirigió el Departamento de Bienestar y Familia.

El secretario de Familias e Infancia de la Generalitat, Jaume Funes, considera que el proyecto es una asignatura pendiente para el Gobierno catalán que se forme tras las elecciones anticipadas de noviembre. Añade que desde principios de año la Generalitat tiene ultimado el decreto para crear el fondo. Un informe que la Generalitat encargó en 2002 ya cifraba en 2,7 millones de euros anuales la suma necesaria para promover el fondo. Esta cifra se calculó a partir de las pensiones impagadas en 2000. Sus beneficiarios serán, según Funes, "los colectivos con riesgo de exclusión social". Entre ellos, las 2.300 personas separadas con sus hijos a cargo con ingresos inferiores al salario mínimo.