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Ensayo de sucesión en La Habana

La Proclama del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba por la cual Fidel Castro informó, el 1 de agosto, a la isla y al mundo sobre los detalles de su "crisis intestinal aguda con sangramiento sostenido" y la "complicada operación quirúrgica" a que fue sometido, además de una buena muestra del meollo caudillista de la última "dictadura del proletariado" que queda en Occidente -la salud de Castro no es, como él dice, "secreto de Estado", sino todo lo contrario: su cuerpo, como el de los reyes, es público porque su funcionamiento refleja la mayor o menor vitalidad del régimen-, vino a confirmar y, a la vez, corregir el modelo de sucesión adoptado constitucionalmente por el comunismo cubano desde 1976.

El artículo 94 de la Constitución "marxista-leninista" que rige en Cuba establecía que, "en caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente del Consejo de Estado, lo sustituye en sus funciones el Primer Vicepresidente". Como se sabe, este último rango ha correspondido desde 1976 a Raúl Castro, el hermano menor de Fidel, quien, de acuerdo con principios más dinásticos que meritocráticos o ideológicos, es el segundo al mando en las dos instituciones básicas del régimen cubano: las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista.

Raúl ha sido un político más leal a la tradición soviética que su hermano mayor y, por eso, ha insistido siempre en el cuidado de esas dos instituciones que, en su idea del país, deberían estar entrelazadas. Sin embargo, la letra del artículo 94 hacía pensar que la sucesión implicaba el traslado de todo el poder de un hermano al otro.

Una lectura atenta de la Proclama, y del Mensaje enviado por Castro a sus "amigos en el mundo" el 2 agosto, nos persuade de que no se trata de una "transferencia", un "traspaso" o una "cesión" de poderes. Tampoco de una "presidencia interina", que es ajena al sistema político cubano, y mucho menos del inicio de una transición a la democracia, la cual implicaría, necesariamente, el reemplazo del régimen de partido único por la libertad de asociación y expresión. Se trata, en el preciso lenguaje monárquico de Fidel Castro, de una "delegación con carácter provisional" de seis funciones personalmente desempeñadas durante décadas por el líder cubano: tres de ellas (comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, primer secretario del Partido Comunista y presidente del Consejo de Estado), correspondientes a la máxima autoridad en la estructura del gobierno de la isla; las restantes, a programas estratégicos del régimen (educación, salud, energía) que absorben la mayor parte del presupuesto oficial.

Fidel delegó las tres primeras funciones en Raúl. Pero encomendó, directamente, la administración de los programas estratégicos a cuatro políticos de diversas generaciones y temperamentos: José Ramón Machado Ventura, José Ramón Balaguer, Esteban Lazo y, el más joven de todos, Carlos Lage. Los tres primeros, figuras hieráticas del aparato provincial y nacional del Partido Comunista; el cuarto, una suerte de primer ministro en funciones desde hace, por lo menos, quince años.

Otro líder muy visible de la nomenclatura de la isla, el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, no fue mencionado con nombre y apellido, y otro más, el joven canciller Felipe Pérez Roque, fue incluido, junto con el presidente del Banco Central, Francisco Soberón Valdés, y el propio Lage, como posible miembro de una comisión que se encargaría de mantener los programas de salud, educación y energía dentro de la máxima prioridad del Gobierno.

Además de "provisional", ya que en caso de que Castro se recupere retomaría las seis funciones, dicha delegación de poderes es parcelada e institucional. A sus 75 años, Raúl Castro deberá gobernar con ese equipo, no otro, y tres instituciones, el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y la Asamblea Nacional, han recibido el encargo de apoyarlo en tal empeño. Jus-to ahí, la Proclama y el Mensaje no prescinden de cierto tono de testamento, como si Fidel quisiera comprometer a sus sucesores, frente al "pueblo", con el cumplimiento de su última voluntad.

Sin embargo, Castro no ha muerto, vive convaleciente, inhabilitado para aparecer en público, aunque, por lo visto, capaz de comunicarse verbalmente y por escrito con los voceros de la prensa oficial. A Fidel no se le ve, pero su palabra se escucha y esa presencia, si bien vaga, acota la identidad simbólica del Gobierno sucesor.

En lo que va de año, Fidel y Raúl Castro han ofrecido versiones divergentes, aunque virtualmente complementarias, de la inevitable sucesión. El primero, en una larga entrevista con Ignacio Ramonet, dijo que su "verdadero sustituto" no era una persona, sino una generación: "Son unas generaciones las que van a sustituir a otras". El segundo, en un discurso el pasado 14 de junio, con motivo del 45º aniversario del Ejército Oriental, refrendado por el V Pleno del Comité Central, afirmó que la autoridad de su hermano no se transmitía a otra persona, "como si se tratara de una herencia", y que "sólo el Partido Comunista, como institución que agrupa a la vanguardia revolucionaria y garantía segura de unidad de los cubanos en todos los tiempos, puede ser un digno heredero". Generacional o institucional, ambas ideas de la sucesión dan por descontado la permanencia del régimen de partido único en caso de desaparición o incapacidad para gobernar de Fidel Castro.

Entre tanta ambigüedad y hermetismo, dos escenarios pueden suscribirse sin mayor riesgo: Fidel Castro, o se deteriora físicamente hasta morir o se restablece y recupera los poderes delegados en las próximas semanas o meses. El lapso de tiempo que dure la incertidumbre será la prueba de fuego para el Gobierno sucesor. ¿Se comunicarán sus miembros, directa y autónomamente, con la ciudadanía de la isla y la comunidad internacional? ¿Ese rol comunicativo, monopolizado por el caudillo durante medio siglo, seguirá dependiendo de la palabra de un anciano que se debate entre la vida y la muerte, pero que, desde ese limbo, evalúa el trabajo de sus herederos? Si el Gobierno sucesor se comporta como tal e intenta una interlocución propia con la isla y el mundo, el estilo de la política cubana cambiará sensiblemente, ya que se volverá más institucional y burocrático, lo cual podría producir una difícil recepción en la ciudadanía, acostumbrada al vínculo carismático con el Comandante en Jefe.

De cara a la comunidad internacional, una dirección colegiada e institucional de Cuba, aún en nombre de la "Revolución", el "Socialismo" y con su patriarca moribundo o con frecuentes intervenciones retóricas de éste desde la cama, podría levantar mayores expectativas de reforma política y, sobre todo, de apertura económica, que seguramente serán incentivadas por algunos gobiernos europeos y latinoamericanos. La oposición y el exilio, Washington y Miami, por su parte, observarán cada paso del Gobierno sucesor con desconfianza y escepticismo, pero a la espera de un leve indicio de voluntad de cambio que les permita ajustar sus agendas en el mediano plazo.

¿Cuánta cohesión dentro de las élites y, sobre todo, cuánta tranquilidad social logrará preservar el equipo sucesor, en medio de la múltiple presión de tantos actores internos y externos, ansiosos de democracia? Esta pregunta podría decidir la historia de Cuba en los próximos años.

Rafael Rojas es escritor y ensayista cubano, codirector de la revista Encuentro.

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