Puntualizaciones

En el diario de su digna dirección correspondiente al 25 de julio pasado se publica un editorial en el que, bajo el título Sucio y escurridizo, se hacen, entre otros, los siguientes comentarios: "Considera el Grupo de Acción Financiera que no se controlan con la adecuada intensidad las actividades que desarrollan los despachos de abogados, inmobiliarias, registradores de la propiedad, joyeros, notarios o casinos". Y añade el editorialista: "Seguramente también hay que contar con unas normas legales desarrolladas de forma insuficiente, que son fácilmente evitadas u olvidadas por quienes tienen que cumplirlas. En resumen, la Administración española es un coladero para el dinero negro".

Por lo que a los registradores de la propiedad se refiere -cuya representación me corresponde en mi condición de decano del Colegio de Registradores de España-, me veo en la necesidad de hacer algunas puntualizaciones:

Primera.- Desde la reforma llevada a cabo por la ley 19/2003 en la ley de prevención del blanqueo de capitales, los registradores hemos dejado de ser sujetos obligados a informar al Servicio de Prevención del Blanqueo, como lo son los notarios o los abogados, y nos han dejado como simples sujetos colaboradores. No se me pregunte el porqué del cambio legislativo, pero el Grupo de Acción Financiera desenfoca el análisis cuando mete a los registradores -sujetos colaboradores- en el mismo grupo que los sujetos obligados.

Segunda.- A pesar de todo, en fecha no lejana fui convocado -y acudí con dos vocales de mi Junta de Gobierno- a la sede del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y allí se nos indicó por sus responsables que los registradores les estábamos enviando más avisos de operaciones susceptibles de constituir supuestos de blanqueo que los que, a su juicio, son legalmente procedentes. En resumen, el problema que los registradores estábamos causando al Servicio Ejecutivo no derivaba de la falta de cumplimiento, sino de un "hipercumplimiento" que, en algunos casos, acrecentaba innecesariamente la labor de dicho servicio.

Tercera.- No sé sobre qué bases el editorialista de EL PAÍS llega a la conclusión de que la Administración española es un coladero para el dinero negro. Desde luego, los registros de la propiedad y mercantiles -en la medida en que legalmente podemos- no sólo no somos un coladero, sino que acaso somos todo lo contrario. Y para esta disfunción también estamos estudiando el remedio a proponer.