La XIII Cumbre Judicial Iberoamericana evalúa el desarrollo de la 'ejusticia'

Brasil y Venezuela encabezan el índice de desarrollo de la justicia electrónica en los países iberoamericanos. Les siguen Argentina, Puerto Rico, Costa Rica y El Salvador. En un tercer grupo se sitúan Portugal, Chile, México, República Dominicana, Cuba y España.

Los países con menor implantación tecnológica en sus administraciones de Justicia son Uruguay, Honduras, Panamá, Guatemala, Colombia y Perú, según el estudio comparado sobre la e-justicia elaborado por profesores de derecho y políticas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para la XIII Cumbre Judicial de países iberoamericanos. A pesar de los avances que se detectan en este estudio, los autores consideran que "la situación de la región en este campo a nivel mundial es todavía muy mejorable", sobre todo si se compara con la de los países pioneros como Singapur, Estados Unidos o Australia.

"Unos de los objetivos previos a la celebración de la Cumbre era obtener un estado de la situación en el sector judicial, como los que existen desde hace años para evaluar el gobierno y la administración electrónica. Para ello se encargó un análisis de la e-justicia en Iberoamérica", explica Luis Henry Molina, director de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, país que acogió la reunión el pasado mes de junio.

Cuestionarios

El estudio, realizado con información oficial de cada institución disponible en Internet, se completó con cuestionarios a los gobiernos judiciales de cada país. "Algunas respuestas fueron amplias, otras escuetas. Otros ni tan siquiera contestaron, lo que demuestra quienes estaban interesados en el tema", dice Pere Fabra, director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y responsable del proyecto.

Con los resultados han establecido un índice que mide el desarrollo de la e-justicia en cada país. Este índice, basado en 20 indicadores, evalúa cuatro estadios: tratamiento de la información (existencia de páginas web, boletines electrónicos, desarrollo de bases de datos de normativa y jurisprudencia o la posibilidad de conocer el estado de las causas por red); la gestión procesal y tratamiento de expedientes judiciales; las aplicaciones que facilitan la interrelación con los ciudadanos y un último estadio supremo, el de toma de decisiones, que permitiría celebrar un juicio íntegramente por medios electrónicos, como ya han probado en Singapur.

En España, como estado autonómico, se centra en el gobierno judicial central, es decir en la gestión realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin entrar a analizar las acciones desarrolladas por aquellas comunidades que tienen transferidas las competencias de la administración de Jusiticia: Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Así, se ha evaluado el llamado punto neutro judicial, la base de datos centralizada a la que acceden los jueces y magistrados. De cara al ciudadano el análisis se centra en herramientas como Minerva o Lexnet, que sólo funcionan en las autonomías sin competencias judicial transferidas.

El estudio también recopila las buenas prácticas de cada país. Por ejemplo, en Brasil se han resuelto cuatro millones de casos por medios electrónicos y en Portugal 300.000 administrativos, el 8% del total de casos judiciales del país, mediante el e-pleito en el que participan abogados, fiscalía y tribunal. O, a través de la web del Poder Judicial Chileno cualquier litigante puede conocer el estado de su causa gratuitamente y sin tener que desplazarse a los juzgados.

Aún así, el estudio detecta también resistencia al cambio. "En muchos países iberoamericanos hay tantos temas todavía por resolver que a muchos jueces les parece esotérico que se hable de la sociedad del conocimiento. Son sociedad donde sólo el 3% de la población termina los estudios y que presentan un alto índice de masificación en las cárceles ", dice Molina.

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