El Gobierno suspende en la vigilancia del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados

España merece un discreto aprobado en su sistema de control del blanqueo de dinero, pero suspende en una asignatura muy importante: no hay una "adecuada supervisión" de las actividades que desarrollan los despachos de abogados, notarías, inmobiliarias, registradores, asesores, joyeros y casinos. Ese es el resultado del examen al que ha sido sometido por el Gafi (Grupo de Acción Financiera), el organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales. Los expertos del Gafi llegan a sorprenderse de que el organismo supervisor español, el Sepblac (Servicio el Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales) sólo dispusiera de dos inspectores para vigilar las actividades de estos profesionales. La redacción del informe final no ha estado a salvo de tensiones debido a las presiones de las autoridades españolas por salvar el aprobado, según reconocen fuentes cercanas al Banco de España.

Entre 2001 y 2004 sólo se registraron 18 comunicaciones de operaciones sospechosas en estos colectivos

El organismo dependiente del Ejecutivo sólo destina a dos personas a las labores de control y análisis

Los expertos internacionales consideran que no hay una "adecuada supervisión" de estos colectivos profesionales

En España hay 46.800 inmobiliarias de las cuales sólo 4.600 tienen más de tres empleados

De la importancia de algunos de estos sectores dan cuenta los últimos escándalos de corrupción destapados por la policía (operación Ballena Blanca y Malaya, entre otros) que han puesto en evidencia, precisamente, el papel protagonista que han desarrollado en actividades de lavado de dinero algunos despachos de abogados en colaboración con notarios, siendo el hilo conductor del movimiento de dinero el negocio inmobiliario.

El suspenso más importante que sufre España ante el Gafi tiene que ver con la falta de información y la escasa capacidad de supervisión de las actividades de despachos de abogados, notarios, registradores, auditores, expertos fiscales, joyeros, inmobiliarias e incluso casinos, que son sujetos obligados a informar de operaciones sospechosas en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales. "El informe viene a decir", comenta un experto, "que hay un auténtico agujero negro en estos sectores". El informe no sólo valora que estos colectivos producen escasa información y de escasa calidad, sino que pone énfasis en la falta de recursos del órgano de vigilancia (el Sepblac) para la supervisión de sus actividades: el Sepblac sólo dispone de dos personas para hacer tareas de inspección y análisis de la información recibida.

El informe se detiene en las actividades de estos grupos profesionales o negocios no financieros que pueden tener un papel importante en actividades relacionadas con el blanqueo de dinero. Estudia la legislación española y la obligación que tienen estos colectivos de informar sobre sus actividades cuando exista una sospecha de blanqueo, independientemente de la cantidad de dinero que esté en juego. El Gafi recomienda a España que mejore su legislación en este terreno, que profundice sus canales de supervisión y que colabore activamente con las asociaciones profesionales de dichos colectivos.

El informe repara en el escaso número de comunicaciones sobre operaciones sospechosas emitidas por estos colectivos, que asciende a 18 comunicaciones entre los años 2001 y 2004, y en la escasa calidad de la información que envían a los organismos supervisores. En el caso de notarías e inmobiliarias, el informe califica sus actividades como de mayor riesgo. Explica el Gafi que estos sectores son sensibles a operaciones relacionadas con "clientes residentes en paraísos fiscales, o procedentes de países o territorios que no cooperan en la lucha contra el blanqueo o en los que públicamente se conoce que hay organizaciones activas relacionadas con el crimen organizado". El informe señala que hay en España más de 3.000 notarios y cifra en 45.800 el número de inmobiliarias censadas, "de las cuales sólo 4.600 tienen más de tres empleados". El 70% de estas empresas están concentradas en Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia.

Hace el informe especial referencia a los notarios, a los que califica como una parte del sistema de prevención de blanqueo como funcionarios públicos y como sujetos obligados. El informe destaca que el Sepblac recibió 2.532 comunicaciones por parte de los notarios "que no contienen suficiente información como para calificarlas de comunicaciones sospechosas". El informe explica que, como sucede en otros países, en España los notarios no tienen comunicación entre sí y carecen de una base de datos de clientes, de tal manera que "no hay forma de saber si un cliente ha acudido a varios notarios en el mismo día". Aunque los notarios, a través de su órgano central (el Colegio General del Notariado), han puesto en marcha desde diciembre de 2005 un nuevo mecanismo para centralizar y mejorar la información, el informe señala que es muy pronto para valorar su eficacia.

El informe añade que el Sepblac no ha realizado todavía ninguna inspección en auditores, despachos de abogados, asesores y notarías. Sólo en 2005 se hicieron dos inspecciones en casinos y joyerías (hay más de 12.000 joyeros en España) por 13 en las inmobiliarias, con un número sensiblemente mayor de empresas.

Por ese motivo, el informe suspende a España en este terreno porque no existe "una adecuada supervisión". El informe resalta que "sólo dos personas (que han aumentado hasta cuatro y que pueden aumentar en un futuro) deben ocuparse tanto de hacer inspecciones como de analizar estas informaciones".

El Gafi es un organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero y al que pertenecen 31 países, además de la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Fue fundado en París en 1989 con ocasión de una cumbre del G-7 para estudiar medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El Gafi elaboró una lista de 40 recomendaciones que los Estados miembros se comprometen a cumplir, recomendaciones que fueron revisadas a partir de los atentados del 11-S en Estados Unidos, con la incorporación de otras nueve recomendaciones relacionadas exclusivamente con la financiación del terrorismo.

Los países miembros se someten cada año a unos ejercicios de evaluación y han de pasar también un examen global, más en profundidad. España, que presidió el Gafi en 2001, se había mostrado reticente en los últimos años a la evaluación global, según fuentes consultadas. Finalmente, el primer examen se ha producido y el informe final concluyó el pasado 23 de junio.

El examen de los expertos internacionales no ha estado exento de tensiones, puesto que había al menos 12 capítulos en los que España corría riesgo de merecer un suspenso. El balance final señala que, de las 40 recomendaciones, España cumple totalmente con 10, hay 14 que cumple ampliamente, 11 sólo parcialmente y tres en las que suspende. Sin embargo, los expertos no ocultan que, fuera de las calificaciones, los comentarios que desprende el informe son "duros y elocuentes en algunos casos. Siendo España un país de alto riesgo en esta materia, el balance no es para sentirse satisfechos".