El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004

El Servicio para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) sólo investigó a 14 instituciones financieras de las 6.500 censadas en España en 2004. Es uno de las conclusiones del informe del Grupo de Acción Financiera (Gafi) sobre el sistema de control del dinero negro que es especialmente severo con el órgano supervisor del Gobierno español en esta materia, una institución de la que forman parte el Banco de España, la Agencia Tributaria, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. El documento, de 163 páginas, destaca su falta de recursos y puntualiza el descontento de los cuerpos policiales que lo integran respecto a su funcionamiento. Tales críticas han motivado que el director del Sepblac solicitara recientemente la excedencia, según algunas fuentes.

Los expertos consultados destacan la especial contundencia de los redactores del informe en el párrafo 226, que se refiere con especial dureza a este organismo y cuestiona su trabajo: "La calidad de los análisis del Sepblac fue comentada con las autoridades pertinentes durante la visita. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción (que recibe la mayoría de los informes) creen que reciben demasiados informes y que la mayoría de ellos son inadecuados para comenzar una investigación. Sería deseable que esas unidades policiales y judiciales pudieran participar más activamente en decidir qué tipos de informes deben ser despachados y con qué criterios, con el fin de garantizar la utilidad y el éxito de futuras investigaciones".

Además de a la escasez de inspecciones sobre entidades financieras, el informe se refiere a la comunicación de operaciones sospechosas, que es la información a partir de la cual el Sepblac elabora sus informes o pone en marcha investigaciones. Los expertos del Gafi arremeten también contra las instituciones financieras y señalan: "Observando la efectividad del trabajo realizado por el Sepblac, al equipo de evaluación le gustaría enfatizar lo siguiente: se les ha comentado a los observadores que el Sepblac necesita cuatro meses para realizar análisis internos de las comunicaciones sospechosas y asignar los casos turbios a las autoridades competentes. Parece un plazo razonable. La gran mayoría de las comunicaciones son enviadas entre uno y tres meses después de que la transacción haya tenido lugar a pesar de la obligación de las instituciones financieras de enviar las comunicaciones al Sepblac antes de efectuar una transacción que aparece como sospechosa. Este tema debería ser tratado con más cuidado".

El informe no sólo cita en varios comentarios que el personal del Sepblac es insuficiente, sino que incluso duda de la independencia de este organismo respecto del sistema bancario, dado que su presupuesto lo financia íntegramente el Banco de España y no tiene una partida separada en dichos presupuestos. A este respecto, el informe dice: "Aunque el Sepblac es el órgano ejecutivo de la comisión de blanqueo, compuesta por representantes de varios ministerios, es el Banco de España quien nombra a su director y dota su presupuesto. El Sepblac debería tener la mayor independencia económica posible y, por añadidura, España debería considerar que el nombramiento o elección de su director tuviera un rango ministerial o saliera de la propia comisión".

La permanente crítica al Sepblac ha motivado, según fuentes consultadas, la renuncia de su director, Gabriel Panizo, quien oficialmente ha solicitado una excedencia. Otras fuentes prefieren decir que la marcha de Panizo se debe al reciente cambio operado en la presidencia del Banco de España, donde su actual titular es Miguel Ángel Fernández Ordóñez. "El informe ha causado una gran consternación", sostiene un miembro de una de las unidades adscritas a dicho organismo, "porque se tenía una idea un tanto idílica del funcionamiento de esta institución que ha quedado en entredicho con el informe".

"Es bastante probable", añade la citada fuente, "que después del verano, y tras un tiempo de reflexión, se tengan que hacer cambios en profundidad". Otro experto consultado hace la siguiente reflexión: "El informe es bastante ajustado y refleja la situación en la que nos movemos. Teníamos un sistema lleno de palabras y textos legales, pero escasamente eficaz. Nos sobraban palabras y nos faltaban datos".

El informe del Gafi hace una crítica casi permanente a la calidad de los datos estadísticos, de tal manera que, en numerosos apartados, asegura que la falta de estadísticas impide hacer una valoración de la eficacia del sistema. De los comentarios no se salva ningún organismo implicado: hay referencias expresas tanto a los órganos supervisores, como al Ministerio de Justicia y a Interior, con referencias específicas a la pobre calidad de los datos que se desprenden del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Referente a Justicia, hay un comentario concreto: "Considerando la ausencia de una estadística exhaustiva no es posible valorar si las autoridades judiciales realizan con eficacia sus funciones. Sería importante mantener una información mucho más detallada que permitiría a las autoridades judiciales medir los resultados de sus esfuerzos".