La Junta impugnó 50 licencias de obra de los promotores implicados en la trama marbellí

La gestión urbanística del Ayuntamiento de Marbella bajo el Grupo Independiente Liberal (GIL) motivó que la Junta de Andalucía impugnara en los tribunales 389 licencias contrarias al planeamiento en los últimos 11 años. Cincuenta de esos recursos corresponden a proyectos de empresarios imputados en la trama de corrupción destapada por la Operación Malaya. Esas 50 licencias abarcan más de 2.000 viviendas y varios complejos comerciales y hoteles. Sólo en dos casos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia y ha anulado las licencias, ambas de promociones del grupo Ávila Rojas. El tribunal ordenó paralizar los trabajos en otros 13 asuntos, aunque no siempre fue obedecido.

De las 50 impugnaciones correspondientes a empresarios relacionados con la trama de corrupción marbellí, 24 corresponden a promociones del grupo Ávila Rojas, a la que sigue el grupo de Tomás Olivo, con 10 recursos. Cinco impugnaciones acaparan cada una de las promotoras de Cristóbal Peñarroya (La Reserva de Marbella) y de Fidel San Román (Tifán), el único de los empresarios imputados que ha sido encarcelado.

Construcciones Salamanca, de Emilio Rodríguez Bugallo, suma tres impugnaciones, una más que la promotora Aifos. Por último, el empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez (CCF Negocios Inmobiliarios) tiene impugnada una promoción cuyas obras de edificación no llegó a comenzar al decretar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la paralización cautelar cuando aún se realizaban trabajos de movimiento de tierras.

Ávila Rojas es una de las constructoras que más operaciones ha realizado en Marbella en los últimos años, y también la más conflictiva, con 24 licencias impugnadas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, otorgadas a cinco promotoras del grupo granadino (Haviland, Turismo y Recreo Andaluz, Naviro Inmobiliaria 2000, Naviro SL y Turpiana), que afectan a casi 2.000 viviendas.

De todas estas sociedades, Turismo y Recreo Andaluz (Turasa), es la que más licencias impugnadas tiene, 10, de las cuales dos tienen ya sendas sentencias anulatorias del TSJA que están recurridas ante el Tribunal Supremo. Otras ocho licencias impugnadas a Turasa suman 995 viviendas, en unos casos porque ocupan suelo reservado para uso de zona verde, industrial o equipamiento deportivo, y en otros porque no cuentan con los debidos planes de desarrollo urbanístico. En dos de estos casos, el TSJA ha dictado orden de paralización.

Naviro Inmobiliaria 2000 tiene impugnadas seis licencias, cinco de promociones que suman 279 viviendas, y otra de locales comerciales y aparcamientos. El TSJA dictó orden de paralización cautelar de las obras de este complejo comercial y de una de las promociones inmobiliarias, 11 viviendas en Avenida del Prado.

Turpiana tiene recurridas otras cinco licencias de cuatro promociones inmobiliarias que suman 188 viviendas así como de un centro de ocio y deportes en El Molino del Viento. Sobre una de ellas, 67 casas en San Francisco, el TSJA dictó orden de paralización de las obras.

Haviland tiene recurrida las licencias de sendas promociones en Cañada de Guadalpín, con un total de 90 viviendas. En una de ellas hay un caso claro de reiterado incumplimiento de las resoluciones judiciales. El TSJA ordenó suspender las obras en febrero de 2004. En diciembre del mismo año dictó una providencia para que se cumpliera, lo que volvió a hacer en septiembre de 2005. Finalmente, en noviembre de 2005 apercibió a la promotora de un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. Otra sociedad de Ávila Rojas, Naviro SL, tiene recurrida una licencia para 21 viviendas unifamiliares que se construyen en zona verde.

Cinco de Fidel San Román

El único constructor encarcelado por el juez imputado de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, Fidel San Román, dirige la promotora Tifán, que tiene cinco actuaciones con licencia de obra impugnada. Se trata de dos permisos para un complejo hotelero junto a la carretera N-340 que invade zona de protección de cauce, zona verde y suelo residencial y carece de planeamiento de desarrollo, y otros tantos para un complejo comercial en La Caridad. En estos casos, el TSJA dictó también orden de suspensión de la construcción.

La Junta tiene impugnadas también cinco licencias concedidas al promotor malagueño Cristóbal Peñarroya, en libertad bajo fianza de 30.000 euros, cuatro de ellas de obras y una de primera ocupación de otras tantas promociones en La Reserva de Marbella que suman 183 viviendas. El motivo es que carecen de instrumento de desarrollo, salvo en un caso en el que el proyecto invade zona verde y de equipamiento.

El empresario Tomás Olivo, que el sábado quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros tras pasar cuatro días detenido, tiene impugnadas 10 licencias de obra, aunque 9 de ellas se refieren a un mismo complejo de naves comerciales en el paraje La Trinidad, junto al centro comercial La Cañada. El Ayuntamiento otorgó nueve licencias para otras tantas naves comerciales a Europea de Centros Comerciales. El TSJA ordenó la paralización de cinco de ellas que, pese a todo, fueron concluidas, motivo por el que la fiscalía abrió diligencias por un presunto delito de desobediencia.

De Construcciones Salamanca, promotora de Tomás Rodríguez Bugallo, están impugnadas en el TSJA tres licencias de obras. Una para 132 viviendas en Arroyo de las Cañas porque ocupa zona verde y viales, y otra para la promoción de viviendas El Embrujo porque incumple la tipología de construcción permitida y con un exceso de altura.

Al grupo Aifos, cuyo director comercial Francisco García Lebrón quedó en libertad bajo fianza el domingo, la Junta tiene impugnada las licencias de obras de los dos hoteles que tiene en Marbella. La licencia para la reforma del hotel Guadalpín, que el Ayuntamiento concedió en abril de 2000 a Confira, que luego la vendió a Aifos, porque incumple la normativa hotelera. Y la de construcción del hotel Guadalpín Banús, porque incumple la ordenación de la zona de El Rodeo y la ordenanza de viviendas unifamiliares exentas que eran las previstas en la parcela.