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La mayor trama de corrupción municipal

Un ex concejal de Marbella confiesa al juez que recibió de Roca más de 200.000 euros

El ex gerente de Urbanismo repartía en sobres entre los ediles las comisiones de los constructores

Algunos ex concejales de Marbella detenidos en la Operación Malaya han empezado a dar detalles al juez que confirman la red de corrupción en el Ayuntamiento dirigida por el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca. Uno de los ex ediles arrepentidos confesó en el interrogatorio haber recibido más de 200.000 euros en sobres desde 2004. Según señala el juez en uno de los autos de prisión, Roca repartía dinero entre los miembros del equipo de gobierno, "percibiendo mayores cantidades según su rango". En esta pirámide que encabezaban la ex alcaldesa Marisol Yagüe y la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, el juez incluye también al andalucista Carlos Fernández, sobre el que pesa una orden de detención y que se encuentra en paradero desconocido.

Varios de los 13 ex concejales interrogados desde el miércoles por el juez -siete de ellos han acabado en prisión- han reconocido haber recibido estos pagos, según fuentes próximas a la investigación. Uno de ellos ha contado al juez que la ex alcaldesa Marisol Yagüe era quien mayores cantidades de dinero percibía mediante sobres "con identificación expresa". A Yagüe, en prisión desde el pasado 29 de marzo, "le siguen en orden descendente los tenientes de alcalde Isabel García Marcos y, en su momento, Carlos Fernández", especifica un auto del juez, que aclara que las cantidades más pequeñas rondaban los 6.000 euros para los "allegados al equipo de gobierno".

Carlos Fernández, que participó en la moción de censura contra Julián Muñoz en agosto de 2003, fue desde entonces segundo teniente de alcalde hasta que en septiembre de 2005 la alcaldesa lo expulsó del equipo de gobierno tras acusarle de extorsionar a trabajadores municipales para que colaboraran en la financiación del Partido Andalucista. Fernández dimitió como concejal en diciembre de 2005, tras ser condenado a dos años de prisión y tres de inhabilitación por malversación de caudales públicos. Los hechos ocurrieron en 1997, cuando Fernández era concejal GIL, dirigía el área de Deportes y era presidente de la Unión Deportiva San Pedro.

Los pagos que Roca realizaba a los concejales no tenían una periodicidad concreta, y respondían a "la aportación del promotor, al que sigue el reparto entre los distintos concejales". El juez recuerda una prueba fundamental de dichos pagos, y que salió a relucir a raíz de los registros en los domicilios de dos ex ediles: "No hay que olvidar tampoco las cantidades encontradas precisamente en sobres en los domicilios de García Marcos y Victoriano Rodríguez (ex concejal de Transportes, y en prisión desde hace tres meses), que son evidentemente los pagos de Roca por cumplir sus órdenes", argumenta el juez. La recepción de los fondos, el pago a los concejales y la inversión de las cantidades las realizaba Roca desde Maras Asesores, la oficina del ex asesor muy próxima a la sede de Planeamiento, desde donde llevaba su contabilidad. Ahí explica el juez que se localizaba la "contabilidad general", en palabras de Roca, y donde se recogían mes a mes las cantidades entregadas por los promotores, denominadas "aportaciones". Asimismo, se contabilizaban los pagos periódicos a los distintos concejales, denominados "entregas, sobres o salidas".

Absoluto control

El juez es muy contundente para describir el absoluto control que Roca demostraba al gestionar su inmensa riqueza. "Roca considera toda su contabilidad como una caja única, siendo el Ayuntamiento uno más de sus negocios que le permite tener poder político para obtener ingresos en sus negocios con los empresarios, y que conlleva el gasto de pagar a concejales y a otras personas", explica el juez en uno de los autos.

Roca se erigió como el "alcalde en la sombra" que dirigía el Ayuntamiento desde su despacho de Planeamiento, "no habiendo sido elegido por nadie", destaca el juez en una prolija descripción de toda la red, vertebrada sobre el poder urbanístico y los empresarios por un lado, y el poder político y los concejales, a los que denomina "sus testaferros políticos", por otro.

El juez Torres destaca que la policía sólo ha analizado la contabilidad desde 2004, pero los indicios aportados por la investigación revelan "multitud de correspondencias" entre las cantidades entregadas por los promotores y las "resoluciones administrativas favorables a los mismos" dictadas al día siguiente de la aportación.

La unidad policial contra el crimen organizado (Udyco) ha desvelado una "estructura criminal" que ha creado "una atmósfera de favorecimiento mercantil por medio de resoluciones municipales en detrimento del propio interés público". El auto reza que el único fin de esta "sólida red de corrupción especulativa" es la creación de la riqueza, "hurtada a los fines públicos, con obtención de beneficios rápidos".

Roca utilizaba el Ayuntamiento como un mero instrumento y a los concejales para sustentar un negocio redondo. "El Ayuntamiento le permite realizar sus negocios, despreciando el interés general, para lo que no duda en comprar voluntades de personas como los concejales que aprueban sin más, como consecuencia de las cantidades recibidas, lo que negoció el señor Roca", concluye el juez.

Roca fue el instigador de la moción de censura contra Julián Muñoz, el alcalde que lo destituyó al frente del urbanismo municipal. Hasta el momento, la policía ha detenido a 12 de los 14 concejales que participaron en aquella moción de censura, y el juez ha dictado la mencionada orden de arresto contra Carlos Fernández. Sólo el tercer concejal andalucista, Pedro Pérez, se mantiene hasta ahora al margen de la causa por la Operación Malaya.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de julio de 2006