El cerebro de la trama desviaba los cohechos a empresas de sus testaferros
El juez Torres ha identificado el recorrido del dinero que el presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, recibía como cohecho de los constructores para aprobar convenios urbanísticos. Según un auto del magistrado, los empresarios abonaban el dinero en lo que Roca llamaba una "caja general", que gestionaba desde la oficina de Maras Asesores.
Roca "reflejaba mes a mes" las "entradas" en la caja general "con identificación de los aportantes, las cantidades y las fechas". En el concepto de "salidas" de la caja, Roca desglosaba "el destino concreto de hasta el último euro" en varias de sus sociedades, algunas de las cuales figuran a nombre de presuntos testaferros. El auto cita, entre otras, la compañía Perinal, cuyos administradores son los hermanos ganaderos Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp, detenidos en la segunda fase de la Operación Malaya, al igual que Sergio Santana, que figura como apoderado. Otras empresas son Condeor, SL, administrada por Montserrat Corulla, ahora en prisión; o Gracia y Noguera y Marqués de Velilla, registradas a nombre de Alberto Benavente, también encarcelado.
Estas empresas, supuestamente, son desde las que se hicieron los pagos a los ediles. "El control político sustentado en el pago a los concejales de importantes cantidades de dinero le permite dominar absolutamente el urbanismo", sostiene el juez.
