El juez investigó a una decena de extorsionados sin ordenar detenciones

El juez Fernando Grande-Marlaska investigó a una decena de empresarios extorsionados por ETA entre los meses de noviembre de 2005 y mayo de este año sin adoptar ninguna medida cautelar contra ellos antes o después de sus declaraciones, lo que contrasta con la fulminante detención, el viernes pasado, de dos empresarios navarros de la construcción y el registro practicado en sus domicilios, indicaron fuentes de la Audiencia Nacional. Los dos empresarios pasaron la noche del viernes en la comisaría de Pamplona bajo custodia de la policía judicial enviada desde Madrid.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez Fernando Grande-Marlaska investigó durante los últimos meses a una decena de empresarios del País Vasco, Navarra y zonas limítrofes, sometidos por ETA al chantaje del impuesto revolucionario, sin adoptar ninguna medida cautelar "ni antes, ni durante ni después" de sus comparecencias ante la Guardia Civil, la Policía o ante el juzgado del propio Marlaska.

Las cantidades supuestamente pagadas entonces a ETA oscilaron entre 6.000 y 24.000 euros, según dichas fuentes, pero en ningún caso se adoptaron medidas limitativas de derechos, y el juez se limitó a tomar declaración de la misma manera que se había venido haciendo hasta la fecha con empresarios y profesionales sometidos al impuesto revolucionario.

Aunque ese proceso sigue pendiente, el tratamiento seguido hasta ahora por los jueces con los extorsionados, del que nunca se han derivado responsabilidades, contrasta con la medida adoptada el viernes pasado contra dos empresarios navarros, copropietarios de la sociedad Azpiroz y Saralegui Construcciones, cuya detención e imputación de un presunto delito de colaboración con banda armada fue ordenada el viernes por Grande-Marlaska.

Otras fuentes cercanas a las investigaciones significaron que lo más preocupante no son las detenciones en sí, sino el mandato de entrada y registro de los domicilios particulares de los dos empresarios, cuya finalidad podría ser la de localizar expresamente cartas de ETA posteriores al inicio del proceso de paz.

Requerimientos "congelados"

Según estas fuentes, la vigilancia sobre la red de extorsión etarra se venía manteniendo desde hace muchos años y de esas observaciones se había conseguido extraer mucha información sobre los procedimientos de financiación de ETA. Sin embargo, las detenciones se producen precisamente cuando desde ETA se dan instrucciones para que los requerimientos del impuesto revolucionario queden "congelados". Lo que llama la atención, según dichas fuentes, es que si no se procedió antes a la desarticulación de la red, porque de ella se obtenía abundante información, ¿por qué se ha hecho ahora, cuando la red seguía activa pero las extorsiones habían quedado congeladas?

En los registros de los domicilios no parece haberse encontrado, en una primera comprobación, cartas o recibos posteriores al "alto el fuego permanente" de ETA, según las fuentes informantes. El pago que se imputa a ambos empresarios, unos 60.000 euros, correspondería a una deuda aplazada que fue exigida a través de sendas cartas de extorsión cursadas en el año 2001. En esas cartas, la banda terrorista les agradecía haber abonado las cantidades exigidas.

Los especialistas en antiterrorismo no recuerdan una detención de estas características, y mucho menos el registro domiciliario de unos empresarios extorsionados. En ese sentido, recordaron las últimas investigaciones sobre el pago del impuesto revolucionario llevadas a cabo por el juez Fernando Andreu sobre dos cocineros vascos. Ambos fueron citados como imputados para que pudieran defenderse, pero no detenidos, ni se ordenó el registro de sus domicilios. Y tras escucharles, el juez no procedió contra ellos.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, manifestó ayer que el Poder Judicial "no tiene tregua" y debe seguir en "actitud de servicio a los ciudadanos sin descansar". Sobre la detención de los dos empresarios navarros, el presidente del Supremo dijo que el juez "está en su derecho, porque puede adoptar medidas cautelares cuando entienda que se deben producir. Es una decisión jurisdiccional que no comento", añadió.