La detención de los dos empresarios navarros provoca malestar en la patronal

Los dos empresarios navarros detenidos durante la tarde del viernes en Pamplona fueron trasladados ayer a Madrid y permanecerán en las dependencias policiales de Canillas hasta el lunes, cuando pasarán a la Audiencia Nacional para ser interrogados por el juez Fernando Grande-Marlaska. La detención de los empresarios navarros Azpiroz y Saralegui (los dos apellidos que aparecían en un recibo de ETA) no ha sentado bien entre el empresariado de la comunidad foral. "Duele" que pase esto en un sector "tan machacado", aseguraban ayer fuentes empresariales.

Los empresarios se encontraban desde el viernes por la tarde en dependencias de la Jefatura Superior de Policía en Pamplona, hasta que a primera hora de la tarde de ayer abandonaron la capital navarra rumbo a la Audiencia Nacional, informó Europa Press.

Los dos detenidos son propietarios de Azysa, llevan 30 años trabajando en la construcción en Navarra, su empresa vende por valor de unos 66 millones de euros y emplean a más de 200 personas. Siempre han trabajado juntos y, aunque ahora residen en Pamplona, su origen está en Leitza (Navarra). La recién inaugurada sede de Azysa (Azpiroz y Saralegui, SA) en Zizur Mayor, cerca de Pamplona, permanecía ayer cerrada.

En Pamplona, salvo el presidente de la patronal, José Manuel Ayesa, y los políticos, nadie quiere hablar dando su nombre. Sin embargo, entre los empresarios y en el sector ha cundido la sorpresa. Aseguran varios colegas de los dos constructores navarros, que piden el más absoluto anonimato, que no es normal que si alguien ha pagado "por miedo" se encuentre detenido. "No hay derecho", asegura otro empresario. "Son gente hecha a sí misma, que han trabajado muy duro", asegura Ayesa.

Los empresarios consultados reconocen que el que paga sabe dónde va el dinero, pero dicen también que si se paga es porque hay "una situación muy extrema". El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, aseguró que "se puede entender" ceder a la extorsión, aunque no lo comparte.

Los familiares con los que habló ayer este diario prefirieron no comentar nada. Ayesa reconoció como "grave" el pago del llamado impuesto revolucionario a ETA, pero dijo que siempre se deben considerar las circunstancias personales de los afectados. "Somos conscientes de que atender la extorsión es un delito y moralmente condenable", dice Ayesa, "pero nadie contribuye de forma voluntaria. Hay que comprender que cuando se da el paso es por presión y miedo. La banda si quiere presionar de verdad es muy perversa".

Azpiroz tiene 57 años y Saralegui 62, ambos tienen hijos. Fuentes empresariales de Pamplona señalaron ayer que hay que estar en la piel de la persona a la que se le amenaza con la seguridad de su familia y su negocio.