España consultó de la mano del FBI si hubo transferencias para pagar el 11-S y el 11-M

España ha consultado al menos en dos ocasiones, en 2001 y en 2004, el banco de datos de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, en sus siglas inglesas), en ambas ocasiones de la mano del FBI. La primera consulta sirvió para determinar los envíos de dinero efectuados por el grupo de islamistas detenido en España por sus supuestas vinculaciones con los atentados del 11-S, y la segunda, para constatar que los autores del 11-M no se habían valido de "transferencias o movimientos dinerarios de ámbito transnacional" para financiar los atentados.

SWIFT, con sede en Bruselas, es una especie de regulador del tráfico de las transferencias bancarias internacionales. Cada vez que un ciudadano pretende enviar dinero por el cauce bancario de un país a otro, a dicha operación se le asigna un código de entre seis y siete letras (el código SWIFT se llama). Esas letras, junto con los números de cuenta del emisor y del receptor de la transferencia, permiten la vigilancia total del movimiento económico.

La consulta en esa base de datos (y también a otra con base en Luxemburgo), efectuada a raíz de la llamada Operación Dátil -por la que fue detenida en noviembre de 2001 la supuesta célula española de Al Qaeda relacionada con el 11-S-, permitió detectar transferencias por un monto total de 669.676,5 euros (unos 111,5 millones de pesetas) a 10 países, incluido Estados Unidos.

La policía española, por ejemplo, detectó el envío de 107.457 euros a Turquía, destinados a Mohamed Bahiah, Abu Khaleb, considerado entonces el correo de Osama Bin Laden entre Afganistán y Europa. En la misma senda fue detectado un envío de 17.094 euros a Abdul Fattah Zammar, quien también recibió dinero de un sobrino de Bin Laden, siempre según la investigación efectuada por la Comisaría General de Información.

"Vinculada a Bin Laden"

La tercera partida importante fue la remisión de 231.664 euros a Nabil Sayadi, Abu Zeinab, residente en Bélgica, quien a su vez se le vincula con la ONG Global Relief Foundation, que, según las autoridades de Estados Unidas, "está vinculada a Bin Laden". La pesquisa permitió vincular con la trama española a Mamoun Darkanzali, Abu Ilias, cuyas cuentas fueron bloqueadas. Esta persona pertenecía "al círculo próximo de Mohamed Atta [uno de los pilotos suicidas del 11-S] en Hamburgo".

Los países a los que, según la pesquisa española y los bancos de datos de SWIFT acabó llegando dinero, fueron Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Alemania, Estados Unidos, Jordania, Palestina, Siria, Afganistán y Yemen, siempre según fuentes policiales españolas que conocieron dichas consultas. Todos los datos recabados fueron puestos a disposición del magistrado instructor de la causa, Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.

Las fuentes consultadas aseguran que las peticiones de información efectuadas por España fueron sobre cuentas concretas y sobre transferencias concretas e insisten en que no fue un plan de espionaje de cuentas. La segunda petición de información española, cursada a través de las autoridades policiales de EE UU, fue efectuada, en los primeros meses de la investigación, para conocer los vínculos financieros de los autores del 11-M.

Movimientos de 186 cuentas

Para conocer el entramado económico del atentado que costó 191 vidas en España, fueron investigadas 186 cuentas bancarias, tanto de implicados como de sus familiares. Lo primero que observaron es que la mayoría de ellas tenía saldos muy bajos, permanecía inactiva o apenas presentaba movimientos.

Los investigadores españoles, tras conocer los datos SWIFT y analizar la documentación incautada, concluyeron: "No ha sido posible determinar la existencia de transferencias o movimientos dinerarios de ámbito transnacional con los que se haya contribuido a la financiación del atentado terrorista". El 11-M fue fruto, argumentaron los investigadores, de la "microfinanciación" y la mayor parte de los recursos para financiar la operación fueron obtenidos por medios ilícitos, "principalmente el tráfico de drogas, la falsificación de documentos y el robo de vehículos".

España mantiene abiertas 85 investigaciones diferentes, pero relacionadas, para intentar cortar las vías de financiación terroristas tanto de ETA como de grupos islamistas radicales relacionados con Al Qaeda. Las pesquisas sobre presuntos vínculos entre España y el terrorismo islamista han permitido bloquear desde 2001 fondos supuestamente relacionados con Al Qaeda por valor de 500.000 euros. El 11-S costó menos de 500.000 dólares (423.000 euros). El 11-M costó 54.271 euros.