Más de 130 millones tirados al cielo

La contaminación lumínica, generada por la luz artificial proyectada innecesariamente al cielo, se dio a conocer hace más de una década gracias a los astrónomos, que protestan porque el resplandor de los centros urbanos impide la observación de los cuerpos celestes. En realidad, se trata de un problema más complejo y sus consecuencias económicas y ambientales no son despreciables.

Nada mejor que el tradicional farol esférico, que aún puede verse en muchos sitios, para representar al enemigo contra el que luchan científicos y activistas de todo el mundo. Las iluminaciones exageradas de monumentos y carreteras también están en su mira. El problema es generalizado. De acuerdo con la Asociación Internacional Cielo Oscuro (International Dark-Sky Association, con sede en Estados Unidos), afecta a dos tercios de la población mundial. La misma institución calcula que en Estados Unidos se gastan seis millones de toneladas de carbón y 23 millones de barriles de petróleo al año en generar luz que luego se proyecta al cielo, un desperdicio equivalente a 1.000 millones de dólares (777,6 millones de euros). O más, si se considera el aumento del precio del combustible.

Astrónomos y ecologistas reclaman una ley de protección del cielo nocturno

En España, naturalmente, el derroche no es tan grande. Ramón San Martín, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha calculado que, sólo en dicha autonomía, la luz emitida hacia el cielo equivale a un millón de bombillas. La reducción de la contaminación lumínica, mediante el reemplazo de las luminarias derrochadoras, significaría una reducción del consumo anual de energía de 205 millones de kilovatios y, en facturación, un ahorro anual de 26,5 millones de euros. Trasladadas a toda España -siempre según San Martín- estas cifras se multiplican por cinco. Es decir: más de un billón de kilovatios anuales y 132,5 millones de euros proyectados al cielo sin necesidad. También, 300.000 toneladas de CO2 soltadas a la atmósfera, importantes para lograr que España se ajuste a los acuerdos de Kioto.

Los colectivos que denuncian la contaminación lumínica -como Cel Fosc y el Grupo de Protección del Cielo- dicen que España es el país europeo con peor iluminación. No aportan estadísticas que sustenten esta afirmación, pero tampoco el Gobierno tiene cómo refutarla.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) aseguró no tener información. No obstante, en su documento sobre la propuesta de modelo de ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficiencia energética, señala que el alumbrado público en España consume 4.700 gigavatios/hora por año y es responsable de la emisión a la atmósfera de 4.250.000 toneladas anuales de CO2

. "La capacidad de ahorro de este sector se estima en un potencial medio de un 20%, lo que significaría reducir las emisiones en unas 850.000 Tm de CO2

por año", reza el documento.

Francisco Pujol, presidente del Grupo de Protección del Cielo (GPC), asegura que se está avanzando en reducir la contaminación lumínica, pero con lentitud. Donde más se ha progresado es en legislación. Canarias y Cataluña fueron las primeras autonomías donde se dieron normas para reducir las emisiones de luz. Otras comunidades, como Andalucía y Cantabria, están en el mismo camino. El Gobierno también aspira a reducir el gasto inútil: la estrategia de ahorro energético aprobada en julio de 2005 plantea la sustitución de 840.000 puntos de luz de vapor de mercurio por nuevas lámparas de sodio, que ofrecen el doble de luminosidad por la mitad de la potencia.

Con esto se podría ahorrar una media de 100 vatios por punto de luz. "El ahorro sólo con esta medida sería de 10.000 millones de pesetas al año (60,1 millones de euros), pero hay muchas más zonas donde ahorrar", apunta Pujol. Por ejemplo, la publicidad y, en general, el alumbrado a cargo de particulares.

Los activistas esperan que este año se apruebe una ley de protección del cielo nocturno. "Los particulares, mientras no haya una ley que los obligue, seguirán instalando las luces como les dé la gana", dice el presidente del GPC.