La verdad como método

En el artículo La evasión como norma, publicado por EL PAÍS el 13 de los corrientes, los 11 ciudadanos que han ejercitado la acción popular ante los tribunales de Palma de Mallorca sobre los vuelos de la CIA acusan al Gobierno de: 1º. Complicidad con la CIA al permitir el uso fraudulento de los aeropuertos españoles en violación de la norma internacional; 2º. Encubrimiento por no investigar e informar cumplidamente de estas violaciones; 3º. Utilizar como coartada para ello que los hechos estén sub iúdice gracias a su denuncia; 4º. Querer dar largas a este asunto.

Se trata de cuatro graves acusaciones que ponen en entredicho la buena fe del Gobierno, su honorabilidad y su capacidad para respetar y hacer respetar el Estado de derecho. Pero estas cuatro acusaciones son falsas y están hechas a la ligera. Una mera lectura de la actuación del Gobierno en sede parlamentaria sobre este asunto basta para desmentirlas.

Si alguien tiene más pruebas, es hora de que las presente. No se llegará a la verdad acusando sin fundamento al Gobierno

Lo que está en cuestión no es si hubo o no vuelos de la CIA para realizar las llamadas rendiciones de presos. EE UU ha reconocido hace años que forman parte de su política de lucha contra el terrorismo internacional. Lo que está en cuestión es si el Gobierno español, el actual y el anterior, del Partido Popular, colaboraron con los mismos de manera activa o simplemente no dándose por enterado de los mismos a pesar de conocer o sospechar violaciones de la legislación española en nuestro territorio. Ninguno de los informes elaborados hasta la fecha -incluyendo el Informe Marty del Consejo de Europa, el Informe Preliminar de la Comisión Temporal del Parlamento Europeo o incluso la contribución personal del eurodiputado Fava- han aportado pruebas concluyentes que puedan tener efecto ante los tribunales.

El Gobierno compareció a través del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el pasado 24 de noviembre para dar toda la información de que disponía sobre los vuelos denunciados ante los tribunales y por la prensa. Los 11 ciudadanos deberían releer esta comparecencia, que se puede consultar en la página web del Congreso. Si lo hacen verán que el Gobierno afirmó que de los 23 vuelos investigados hasta entonces -de los que se entregó a los diputados y a la prensa los cuadros que luego se han reproducido- siete (cuatro bajo el Gobierno del PP, tres en los primeros meses del Gobierno socialista) habían hecho escalas técnicas breves que no habían permitido inspeccionar si lo declarado en su documentación de vuelo se correspondía con los pasajeros y carga real. De estos, seis vuelos habían hecho escala en Canarias y uno en Ibiza. Fue el Gobierno quien dio instrucciones a la fiscalía para que abriera una investigación sobre estos siete vuelos.

Los 23 vuelos investigados entonces aterrizaron en aeropuertos españoles en el marco legal de los Acuerdos de Chicago sobre aviación civil. No hubo sospechas ni por parte de las autoridades portuarias, ni de la policía de la posible comisión de delitos en territorio español que las hubiese aconsejado inspeccionar las aeronaves. Las sospechas surgieron después, cuando las investigaciones posteriores de prensa en EE UU, en España y las investigaciones judiciales en otros países europeos tras secuestro de sus ciudadanos produjeron una lista de matrículas de aviones supuestamente contratados por la CIA para llevar a cabo su programa de rendiciones de presos.

Cuando estas sospechas, gracias a la acción popular de los 11 ciudadanos y otras denuncias de fuerzas políticas, dieron lugar a una investigación judicial en abril del 2005, el Gobierno no sólo apoyó dicha investigación, sino que tomó medidas preventivas sobre los aviones con matrículas denunciadas, de manera que no se han producido escalas técnicas de corta duración sin posible inspección de dichas aeronaves desde entonces.

Las investigaciones realizadas por iniciativa del Gobierno y por orden de los jueces encargados del caso, sobre estos 23 vuelos y sobre los cuatro posteriores con escalas en Barcelona y Málaga señalados por la prensa, no han escatimado recursos y siguen abiertas. El Gobierno ha informado de ellas con detalle en la comparecencia citada, sin excusarse nunca en que las investigaciones judiciales eran sub iúdice. Es más, se comprometió en sede parlamentaria a informar de cualquier nuevo hecho que descubriera. Así hizo al Consejo de Europa, que solicitó más información sobre legislación vigente en relación con el control de servicios extranjeros, no sobre los hechos investigados.

El PSOE apoyó y votó a favor de la proposición no de ley presentada por IU-ICV ante la Comisión de Asuntos Exteriores para que el Gobierno informe de cualquier nuevo dato y en cualquier caso elabore un nuevo informe, sin perjuicio de las diligencias judiciales, antes de finalizar este periodo de sesiones. El Consejo de Ministros ha decidido además, ante las afirmaciones ambiguas del Informe Marty, la comparecencia en sede parlamentaria española del director del CNI y del secretario de Estado de Seguridad y la del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación ante la comisión investigadora del Parlamento Europeo.

Todo ello contradice todas y cada una de las graves acusaciones formuladas por los 11 ciudadanos, que para hacer honor a la verdad, deberían rectificarlas.

El Gobierno del presidente Zapatero se ha comprometido a defender con toda firmeza los derechos humanos y a perseguir cualquier violación de los mismos en nuestro territorio. Se ha comprometido a investigar los posibles vuelos "sospechosos" -todos ellos- y ha pedido formalmente garantías a EE UU que no se han cometido en las escalas de estos vuelos en territorio español violaciones de nuestra legislación, garantías que han sido dadas.

Si alguien tiene más pruebas, es hora de que las presente. Pero no se llegará a la verdad de este asunto acusando sin fundamento al Gobierno, que se ha comprometido ante los ciudadanos a llegar al fondo del mismo. Poniendo en cuestión su voluntad política sólo se debilita la propia investigación y la acción de la justicia.

Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.