Cuba rechazará la ayuda extranjera que implique condiciones

El Gobierno de Fidel Castro ha puesto en vigor una nueva regulación para unificar las normas que rigen la cooperación económica que Cuba recibe del extranjero. El principio básico es no aceptar ningún proyecto de colaboración o donativo que implique "condicionamientos políticos, económicos o sociales" que, a juicio de las autoridades, puedan suponer una "injerencia" en sus asuntos internos o vayan "contra los principios de la Revolución".

Según la nueva disposición, promulgada por el Ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración Económica (Minvec), la cooperación que se reciba de instituciones privadas, organismos internacionales o Gobiernos extranjeros debe estar en línea con las "prioridades establecidas por el Gobierno", y no se acepta la creación de servicios sociales o de distribución de recursos "paralelos a los establecidos por el Estado cubano".

La regulación, publicada el 26 de mayo en el boletín oficial, fue dada a conocer la semana pasada al Parlamento, durante su séptimo periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, que se celebró el sábado pasado en la capital cubana con la participación de Castro. La ley, de 15 artículos, establece rígidos controles a las instituciones, fundaciones, ONG y otros organismos cubanos receptores de cooperación extranjera. Incluso la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, que desde hace una década goza de considerables márgenes de autogestión, debe someterse ahora a los rigurosos mecanismos dispuestos, aunque conserva ciertos márgenes de autonomía para determinar sus prioridades y tramitar las ayudas.

Personal local garantizado

La normativa establece que todo el personal local que se requiera para la ejecución de cada proyecto de colaboración "es garantizado por la contraparte cubana", que asume "el pago de salarios, honorarios y viáticos en moneda nacional". También se dispone que en ningún caso la cooperación puede "favorecer" a "sectores de la población por razones étnicas, religiosas o de nacionalidad".

Según diplomáticos y cooperantes europeos, la nueva regulación hace todavía más complicada la colaboración con la isla. Desde hace casi tres años, las autoridades cubanas no aceptan cooperación de Gobiernos de la Unión Europea ni de ninguna institución comunitaria, como respuesta a las sanciones diplomáticas adoptadas por Bruselas en 2003 en represalia al encarcelamiento a 75 opositores.

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Pese a la suspensión temporal de las sanciones de la UE, el pasado 27 de abril, durante una reunión en La Habana con representantes de ONG extranjeras, la ministra del Minvec, Marta Lomas, y el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, reiteraron el rechazo de Cuba a la cooperación oficial europea -con excepción de la del Gobierno belga-. Los ministros advirtieron a los cooperantes europeos de que si realizan proyectos de colaboración y éstos cuentan con cualquier tipo de financiación oficial europea, sería considerado una falta grave.

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