Bachelet envía al Congreso un proyecto de reforma educativa

El Gobierno chileno envió ayer al Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada en 1990, en el último día de la dictadura, mientras en el Liceo Manuel Barros Borgoño, uno de los cientos de institutos que siguen tomados por estudiantes de secundaria, se reunían 500 dirigentes para decidir sus próximos pasos, tras la huelga del lunes a la que se sumaron universitarios y profesores.

Las manifestaciones del lunes se saldaron con 439 detenidos y 35 heridos leves, en los choques entre estudiantes y la policía militarizada de carabineros. La huelga general fue una paralización masiva y pacífica de cientos de miles de estudiantes y profesores, pero que no fue seguida por los sindicatos. Un grupo de unos 10 alumnos ocupó ayer simbólicamente la sede de la Unesco en Santiago y pidió su apoyo al movimiento estudiantil.

Y mientras el lunes seguían los disturbios en el centro de Santiago, el Gobierno anunció el envío de la reforma educativa y la formación, para hoy, de un consejo asesor presidencial de educación, antes de que la presidenta socialista Michelle Bachelet viaje a Estados Unidos.

La reforma educativa deja al Estado la obligación de velar por la enseñanza y según Bachelet "consagra el derecho de todo niño y niña de Chile a una educación de calidad, la que se podrá cautelar incluso por la vía de un recurso de protección". La jefa del Estado pidió a la derecha apoyar este proyecto, que requiere de los votos de la oposición para aprobarse en el Parlamento.

Bachelet recordó que esta reforma es un antiguo anhelo de la coalición gobernante, integrada por democristianos y socialistas y sus aliados, que no ha podido concretarse en el pasado por el rechazo de la derecha.

Después de más de un mes de movilizaciones, el movimiento estudiantil refleja cansancio y diferencias entre algunos de sus dirigentes, que han dejado de presionar por el pasaje escolar gratuito en el transporte público y se han concentrado en su demanda de participación en las reformas educativas.