La UE negociará un nuevo acuerdo con EE UU sobre datos de pasajeros

Las evidencias sobre las actividades ilegales de la CIA -secuestros, interrogatorios bajo tortura y traslado ilegal de detenidos- parecen no haber hecho mella en la voluntad de colaborar con el espionaje estadounidense de los Veinticinco, que ayer se mostraron dispuestos a dar continuidad a lo suscrito con Washington en 2004, por el que las aerolíneas europeas entregan a EE UU 34 datos más o menos personales de los viajeros que aterricen en ese país.

La Administración de Bush considera la información de los pasajeros procedentes de Europa crucial en la lucha antiterrorista. Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia declaró ilegal el martes la decisión comunitaria sobre el acuerdo, sin entrar a evaluar el fondo del mismo. Una demanda del Parlamento Europeo, que considera que el pacto transatlántico pone en peligro la privacidad, motivó la sentencia de esta semana y que dejará en suspenso el acuerdo de transferencia de datos a partir del 1 de octubre.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, presentó ayer a los ministros de Justicia e Interior de la UE, reunidos en Luxemburgo, una propuesta sobre cómo cambiar el acuerdo, "pero sin cambiar el contenido". De acuerdo con la sentencia del Tribunal Europeo, bastaría con modificar la base jurídica sobre la que Bruselas adoptó el texto.

La solución jurídica pasa por buscar otro mecanismo -el llamado "tercer pilar"-, que paradójicamente no requiere que la Eurocámara apruebe el acuerdo. A pesar de que fuentes comunitarias explicaron que "ningún Estado miembro plantea problemas sobre el contenido del acuerdo", Frattini se esmeró en detallar los riesgos a los que se enfrentarían los europeos de no tener una nueva versión del texto para septiembre.

En el mismo sentido se pronunció el ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien destacó la voluntad española de cooperar con EE UU en la lucha contra el terrorismo, "a pesar de las incidencias o discrepancias", como las entregas extraordinarias de detenidos, que EE UU defiende y Europa condena.