Consumo y las asociaciones aúnan criterios sobre la estafa filatélica
El Ejecutivo cree que hay responsabilidad subsidiaria del Estado
El Gobierno vasco va a dar una subvención de 20.000 euros, a cada una de las tres asociaciones de consumidores que asesoran a afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa. El Ejecutivo ofrecerá más apoyo si se crea una única plataforma para los entre 12.000 y 18.000 afectados. El director de Consumo, Ruben Mendiola, dijo ayer que apoyará la petición de responsabilidad subsidiaria del Estado.
El responsable de Consumo se reunió con los los representantes de las asociaciones de consumidores EKE, UCE y EKA-OCUV, Jon Ariño, Celina Menaza y Koldo Navascués, respectivamente, para aunar criterios sobre cómo proteger mejor los derechos de los clientes de ambas firmas en Euskadi. En una rueda de prensa conjunta, las dos partes aconsejaron a los afectados tener paciencia y "no caer en los cantos de sirena de defensas que puede haber por ahí", en referencia a determinados bufetes de abogados. En este sentido, Mendiola aclaró que el Gobierno únicamente apoyará a estas tres asociaciones y, en su caso, a la plataforma unitaria que se pudieran constituir en el País Vasco, para actuar coordinadamente con la estatal, si llega a crearse.
Las asociaciones anunciarán a través de los medios de comunicación del momento en que se abra el plazo para que los 12.200 ciudadanos vascos afectados puedan acudir a sus sedes para presentar su reclamación. En el caso de Fórum, los afectados son aproximadamente 1.300 en Vizcaya, mil en Guipúzcoa y 300 en Álava. Los clientes estimados de Afinsa, son 6.200 en Vizcaya, 2.500 en Guipúzcoa y 900 en Álava. La inversión conjunta se estima en alrededor de 500 millones de euros.
Mendiola reconoció que será "difícil" recuperar las aportaciones realizadas, ya que el presunto fraude se basa en la sobrevaloración de los depósitos. No obstante, apuntó que la Ley de Entidades de Inversión Colectiva, de 2003, "es totalmente inadecuada para proteger a los inversores al no establecer ni fondo de garantía ni fondo de protección". Este hecho, dijo, puede ser uno de los argumentos para solicitar indemnizaciones al Estado como responsable civil subsidiario.
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