El Supremo confirma las multas a industrias lácteas por pactar precios

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación presentados por 48 industrias en el sector de la leche y ha confirmado las multas impuestas por pactar precios para la compra de leche a los ganaderos. Los industriales deberán pagar 7,3 millones de euros, así como las costas del proceso. Con la ratificación de las sanciones se pone fin a un proceso que comenzó hace 14 años con una denuncia de los pequeños agricultores.

En junio de 1992, siendo Fernando Moraleda, actual portavoz del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general de la organización agraria, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) presentó una denuncia ante la Dirección General de la Competencia contra las industrias por pactar los precios pagados en origen.

Los hechos denunciados se referían al periodo comprendido entre octubre de 1991 y mayo de 1992, y se acusaba a las empresas de llegar a acuerdos sobre los precios pagados a los ganaderos. Este proceso supuso la apertura de un expediente que obligó al estudio de más de 4.500.000 facturas y la redacción de 5.000 folios.

Seis años más tarde, en 1997, el Tribunal de Defensa de la Competencia condenó a 48 empresas del sector, así como a la Federación de Industrias Lácteas, al pago de una multa de 1.200 millones de pesetas (7,3 millones de euros), penalización que en 2002 fue ratificada por la Audiencia Nacional y que finalmente ha acabado su recorrido con la decisión final en el Supremo.

Para los responsables de UPA, se ha tratado de un proceso muy largo, pero al final ha demostrado que las empresas realizaron prácticas monopolísticas contra los ganaderos. No obstante, en opinión de las organizaciones agrarias, no se han desterrado completamente del sector.

Compañías implicadas

Entre las principales empresas implicadas en este proceso se hallan: la antigua Lactaria Española, con 1,01 millones de euros; Pascual, con 0,84 millones; Iparlat, con 0,55 millones; la anterior Puleva Uniasa, con 0,48 millones; Danone, con otros 0,48 millones; Nestlé, con 0,30 millones; Ato, con 0,28 millones; Lagasa, con 0,26 millones; Clesa, con 0,23 millones, y Leyma, con 0,21 millones de euros.

La imposición definitiva de estas multas coincide con los casos que se llevan en la Audiencia Nacional contra varios primeros compradores por presunto fraude fiscal en la compra de leche negra, o fuera de la ley, a bajos precios. En este proceso también se investiga la implicación de la mayor parte de las industrias más importantes del sector lácteo, como beneficiarias de la compra de materia prima ilegal a bajos precios.

El sistema consistía en la adquisición por parte de los primeros compradores de leche a un precio más bajo que el existente en el mercado. Con esa compra, el ganadero evitaba pagar la multa por superar la cuota, unos 0,30 euros por kilo, mientras obtenían también un beneficio claro, tanto el primer comprador como la industria, al adquirir leche a precios más baratos.