Por arte de birlibirloque
Después de los meses de angustia en los que el PP consiguió convencer a una buena parte de nuestros conciudadanos de que, si se aprobaba el Estatuto de Cataluña, la desmembración de España no era ya más que una cuestión de tiempo, al aceptarlo las Cortes con las enmiendas necesarias para hacerlo encajar en la Constitución, parecía que abriría un período de calma, si no fuera por el costo que ha supuesto la ruptura del Gobierno tripartito que deja en el alero el resultado del referéndum.
Es difícil no admirar la habilidad con que, caminando por el filo de la navaja, el presidente Zapatero ha logrado encauzar las muchas dificultades no previstas que han ido surgiendo. Es mucho lo que ha arriesgado, pero también lo que puede ganar, si al final salen bien las cosas. El proceso empezó mal, con una promesa que nos dejó boquiabiertos, las Cortes aprobarían el Estatuto que saliera del Parlament. Por un lado, implicaba otorgar graciosamente lo que el nacionalismo vasco entiende por autodeterminación, es decir, que las Cortes únicamente tendrían que ratificar la voluntad mayoritaria de los vascos o de los catalanes; por otro, un desprecio a la institución, ya que sus miembros no están sometidos a "mandato imperativo" alguno, aunque, dado el automatismo del voto dentro de los grupos parlamentarios, prevalezca lo que disponga el que controle la mayoría. El presidente del Gobierno en ningún caso puede prometer cuál va a ser el comportamiento de un Parlamento soberano.
Promesa tan anómala puede interpretarse como un desliz desafortunado, lo que me parece poco probable, o bien manifiesta una intención política: desde la seguridad que proporciona el que el propio partido presida el Gobierno de la Generalitat, se quiere transmitir a los vascos el mensaje de que todo se puede obtener por las vías establecidas, pero nada recurriendo a la violencia. Ya se encargarán los compañeros de enviar a Madrid un texto, negociado en el Parlament, que cuente con el consenso del PSOE. Esta estrategia falla porque el presidente Maragall, bien por debilidad, bien por una vinculación excesiva a un catalanismo que se confunde con el nacionalismo de sus principales socios, no cumple la función de filtro que se esperaba de él. Zapatero se encontró ante el dilema de que el Estatuto se hundiera en el Parlamento catalán, lo que, además de un gran triunfo para el PP, supondría el desplome de la política autonómica emprendida para Cataluña y, más grave aún, para el País Vasco. (Nada se entiende sin poner en relación ambos procesos, que hay que encarar a la vez si al fin se quiere estabilizar la estructura territorial del Estado). O bien, empujaba para que el Estatuto saliera a toda costa, que ya habría ocasión de corregirlo a su paso por las Cortes. La sensación que queda en el PSOE es que Maragall "produce más problemas de los que resuelve", quedando sentenciado el fin de su mandato.
La intervención más arriesgada, a la vez que la más sofisticada, de Zapatero ha consistido en cerrar el Estatuto dentro de los márgenes que se consideran aceptables, cambiando de socio. Deja a ERC fuera de juego, sin otra opción que abstenerse. Votar con el PP hubiera significado el desplome del tripartito, cuya consecuencia inmediata podría haber sido la llegada al poder de su verdadero competidor, CiU, una especie de suicidio del que ERC no se repondría en mucho tiempo. Pero aprobado el Estatuto en las Cortes, con la presión de las bases en favor del no, sólo cabía expulsar a ERC del Gobierno, dejando al presidente de la Generalitat flotando en el vacío.
La operación pretende dos objetivos: deshacerse de ERC, tanto en Cataluña como en la política nacional. Muy altos han sido los costos de esta alianza para los socialistas, pero cuando ya no descartan una mayoría absoluta en las próximas elecciones, con la garantía añadida de que si, antes o después de los comicios, necesitasen el apoyo de CiU, cuentan con él. Serenadas las aguas con el Estatuto, no sería la mayor desgracia que en el próximo otoño CiU volviera a gobernar, a sabiendas de que en las elecciones generales Zapatero arrasaría en Cataluña, al ser el político que mejor ha salido de la aventura estatutaria.
El segundo objetivo es Maragall, perdedor junto con ERC, y también sin otra perspectiva que intentar reconstruir el tripartito. Han surgido ya voces en el PSC proponiendo otros candidatos. Si, pese al no conjuntado del PP y ERC, el resultado del referéndum fuera razonablemente positivo, como cabe esperar, lo más probable es que el tácticoZapatero apoyase la candidatura de Maragall, no sólo porque sustituirle arrastraría grandes tensiones internas, sino sobre todo porque la derrota en las urnas sería la forma de deshacerse definitivamente de él. Zapatero parece haber recuperado la vieja idea de González de que lo mejor es que en Cataluña gobierne la derecha nacionalista, y siempre se encontrará un Obiols para garantizar su triunfo. Una vez que en la segunda legislatura Zapatero se consolide en el poder, disminuirá sensiblemente su afición a las innovaciones que impliquen grandes riesgos. A un período de intensas reformas, como el que estamos viviendo, suele seguir otro de consolidación de lo conseguido.
Resuelta, al menos para unos años, la cuestión catalana, Zapatero se ve con las manos libres para enfrentarse a la vasca. Ya ha anunciado lo fundamental, que será un proceso difícil y largo. Se ha dado un paso importante con el "alto el fuego", que según el Gobierno no proviene de una negociación previa, pero sabe que por mucho tiempo no podrá aspirar a más. Si el "alto el fuego" es definitivo e incondicional -otro no valdría- es porque, en las condiciones que impone la lucha antiterrorista internacional, la "lucha armada" ha dejado de ser una perspectiva viable, si es que en algún momento lo fue. Zapatero anuncia el inicio de negociaciones con ETA que no pueden tener otro contenido que su total disolución, tras la entrega de las armas. Los partidos con presencia en todo el territorio nacional defienden a ultranza que la desaparición de ETA no es negociable con contrapartidas políticas. Tampoco puedo imaginar que un Gobierno, sea del color que fuere, cometiera el error garrafal de negociar el futuro del País Vasco teniendo como telón de fondo la sombra de ETA. Es la manera como ha de entenderse la fórmula tantas veces repetida de que en la lucha contra el terrorismo no hay atajos. Sería un disparate iniciar la mesa de los partidos mientras ETA se mantenga en la retaguardia con la amenaza continua de intervenir si no se acelera el proceso que ellos llaman de "democratización". De democracia sólo se podrá hablar cuando ETA no sea más que un recuerdo lejano.
Si Batasuna condena explícitamente la violencia -no lo ha hecho hasta ahora- y se compromete a respetar el Estado de derecho, podrá participar en las elecciones municipales del 2007. En los próximos años no es probable que se modifique la relación entre el voto nacionalista y el no nacionalista, pero sí se producirán cambios significativos dentro del nacionalismo, entre Batasuna y PNV, así como dentro del bloque constitucionalista, entre PSE y el PP. A mediano plazo lo más probable es que vuelva a gobernar una coalición del PNV con los socialistas, la mejor forma de ir achicando la brecha entre ambos frentes. Y mientras no desaparezca ETA por completo habrá que marear la perdiz, sin entrar en una discusión seria sobre el futuro político del País Vasco, que, por otra parte, es inevitable, con todas sus consecuencias.
El nacionalismo independentista amenazará con que si no se avanza en la negociación, ETA levantará el "alto el fuego" unilateral, con lo que quedará de manifiesto que no era definitivo, sino una tregua más para reconstituirse, con lo que se reforzará el principio de no comenzar con la mesa de los partidos hasta que ETA haya desaparecido por completo. El nuevo horizonte que se abre es que no se pueda recurrir a la violencia el día que empiece la negociación. Puede ser que aún vivamos algunas recaídas -el Estado de derecho no puede bajar la guardia-, pero, sean cuales fueran las amenazas, hay que mantener el principio de que si no se negoció cuando los terroristas eran fuertes, ahora que están tan debilitados mucho menos.
A las elecciones del 2008, Zapatero acudirá con una Cataluña sosegada con el nuevo Estatuto y un País Vasco del que no habrá desaparecido ETA, pero a lo mejor con cinco años sin actos terroristas y una capacidad decreciente para matar y extorsionar, que no es poco.
Ignacio Sotelo es catedrático excedente de Sociología.
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